Autonomía y crisis universitaria
Ayer, como viene ocurriendo cada 25 de julio desde hace 89 años, se conmemoró la puesta en vigencia de la autonomía universitaria en nuestro país. Y como también es ya habitual, con muy breves paréntesis excepcionales, el aniversario encuentra a casi todas las universidades del sistema sumidas en una crisis que se agrava con cada año que pasa, sin que se vislumbre una fórmula de solución.
En efecto, desde 1930 hasta el presente, son relativamente pocos los años en los que no se manifestó de un modo u otro el conflicto de intereses y visiones entre los tres estamentos que integran la “comunidad universitaria” (docentes, estudiantes y trabajadores administrativos). El caso de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), en Cochabamba, es muy ilustrativo al respecto, pues son tan recurrentes las pugnas por la distribución presupuestaria que ya la ciudadanía las soporta con más resignación que indignación.
Una de las maneras más visibles y negativas cómo esos conflictos de intereses se manifiestan es el aún no resuelto conflicto entre docentes titulares y extraordinarios, lo que ha ocasionado que la UMSS esté en constante estado de zozobra y sumida en un continuo proceso de deterioro de su institucionalidad que, al parecer, nadie está dispuesto a detener y mucho menos revertir. Por el contrario, lo que al parecer se ha impuesto definitivamente es una especie de pacto tácito que consiste en hacer de la arbitrariedad parte principal de la normalidad.
Los datos que dan cuenta de los extremos a los que ha llegado tan anómala situación son elocuentes. Se sabe, por ejemplo, que apenas llega a 25 por ciento la cantidad de docentes titulares en la UMSS, mientras que el 75 por ciento restante, casi 1.500, se mantienen en una muy irregular condición de “extraordinarios”, privados de gran parte de los derechos básicos que corresponden al sector docente.
A pesar de ello, y de la creciente frecuencia con que tan flagrante irregularidad interfiere con el normal desarrollo de las actividades académicas y de las consecuencias legales que conlleva, no hay cuándo se ponga en marcha el tan anunciado y siempre postergado proceso de selección, evaluación y admisión de docentes, para su correspondiente titularización, según los procedimientos establecidos por el Estatuto Orgánico de la UMSS.
Irregularidades muy similares se presentan en las demás universidades del sistema, por lo que se puede afirmar que las universidades autónomas tienen una deuda pendiente con el país y no es admisible que sigan eludiendo su obligación de ponerse a la altura de las expectativas con que hace 89 años la autonomía universitaria fue conquistada y que dio tantos aportes al país, antes de que la crisis institucional deteriorara su funcionamiento.
