La cotidiana destrucción de la legalidad
El Parque Nacional Tunari se muere “poco a poco”, alerta el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Coincidiendo con la alerta de esa entidad, un asambleísta departamental atribuye esta “dramática situación” a las construcciones ilegales que se ejecutan en el lugar. Y para ejemplo de ello está un hotel de lujo, La Colina, ubicado por encima del límite urbanizable del Tunari, la cota 2.750.
Esa edificación ilegal se inició hace años. En 2015, como resultado de un proceso, se ordenó que se paralicen esas obras, pero un recurso de apelación dejó sin efecto la orden judicial. Otro proceso está actualmente en curso y las obras de construcción no paran, al punto que el hotel está casi listo para su estreno, con piscina temperada, salón de eventos y cabañas estilo oriental.
¿Extraordinario? No. ¿Una estratagema improvisada por el dueño de esos predios? Tampoco. Es una dinámica frecuente y común en cualquier parte de Cochabamba. El propietario de un terreno decide construir, las obras se inician y a las pocas semanas los funcionarios de la Alcaldía constatan que se trata de una edificación fuera norma, irregular o sin autorización. Entonces pegan un gran cartel de papel en el que se proclama su ilegalidad y la orden de paralizar las obras. Que se paralizan, sí, unos cuantos días en los que un pedazo de calamina bien colocado, por ejemplo, cubre el cartel oficial y ya. Las obras continúan sin más demoras hasta la conclusión del edificio.
Un tiempo después, la Alcaldía pondrá en vigencia un procedimiento de regularización de esas construcciones ilegales, que inyectará recursos a sus arcas y burlará la ley en aplicación de una paradójica legalidad.
Y eso ocurre en todas las escalas: hoteles de vastas dimensiones, viviendas familiares, edificios… y hasta quioscos callejeros que de la noche a la mañana aparecen fijados con cemento en la acera. Los dueños justificarán sus iniciativas fuera de la ley con argumentos que van desde el derecho a ganarse el pan, el impacto laboral de su inversión o la utilidad pública de su propósito cuya esencia es el lucro puro y simple.
La ilegalidad está tan normalizada que la primera autoridad edil de Cercado proclama como algo extraordinario que la Alcaldía no permitirá más las construcciones ilegales, como fue el caso meses atrás luego de que unos derrumbes en Villa 1º de Mayo derruyeron viviendas y una mujer murió aplastada por los escombros.
Y así se construye está ciudad, encima de las ruinas de una legalidad cada día más frágil.
