Las manillas electrónicas y su impacto en la sociedad

Gracias a la iniciativa del abogado Oscar Freire, Vocal del TDJ, se ha editado un libro titulado “Manillas Electrónicas” donde se recoge una serie de artículos cuya autoría corresponde a colegas abogados tanto nacionales como extranjeros, autoridades universitarias,  vocales de corte y jueces a nivel nacional. He tenido el honor de participar de dicha obra, la misma que además de contener el criterio profesional de quienes participan de la misma, trae consigo un anteproyecto de ley que bajo el formato de Iniciativa Legislativa Judicial, fue oficialmente presentado ante el TSJ.

En el  artículo publicado bajo mi autoría, hago referencia a Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria, quien en su obra “Tratado de los Delitos y de Las Penas” criticaba la crudeza de las mismas e introducía criterios para manejar principios de proporcionalidad entre aquellas y los delitos. En ese marco, es un hecho incuestionable que el sistema penitenciario en Bolivia, tanto en esta como en anteriores administraciones, ha sido y es inhumano. Nunca hubo condiciones para mejorar la vida de los reclusos y para  establecer un sistema de inserción en la sociedad.

Un Estado institucionalizado debe implementar políticas carcelarias y punitivas que respondan a las preocupaciones que en 1764 ya exteriorizaba Beccaria. No solo es buscar la proporcionalidad entre el delito y la pena, sino también, establecer mecanismos alternativos de cumplimiento de las sanciones y, con ello, agresivas políticas de mejoramiento del sistema carcelario. Eso quiere decir que en Bolivia debería priorizarse la inversión enfocando la mejora de cárceles y la aplicación de planes de inserción social de la población carcelaria, bajo una visión en la que se considere con prioridad el tratamiento de esta problemática. Coincidamos que no hay nada peor y abyecto que un Estado incapaz de garantizar una correcta administración de justicia. Y si a ello añadimos que el Estado boliviano ha asumido constitucionalmente como sus valores la igualdad, dignidad, libertad, justicia social y, como uno de sus fines la construcción de una sociedad justa cimentada en una justicia social, entonces estamos frente a un escenario ruin en términos de justicia material y efectiva.

Las cárceles son una radiografía perfecta de ello, lo que contradice el hecho de que el Estado haya cobijado el deber de garantizar el ejercicio ilimitado del debido proceso y el acceso a una justicia social transparente. Y aquí la paradoja es que jueces y fiscales –no todos– pareciera han celebrado una suerte de pacto faustiano que los ha convertido en los Mefistófeles de la verdad y la justicia. Y si bien el sistema cuenta con autoridades judiciales de notable trayectoria, el drama de no contar con una justicia transparente nos coloca en una situación en la que cualquier otro derecho o libertad que quiera enarbolarse, deja de ser trascendente cuando se sabe que en Bolivia una persona inocente puede ir encarcelada o que un culpable, incluso bajo sanción penal, no tiene la opción de una segunda  oportunidad a través de un proceso de rehabilitación en recintos carcelarios aptos en seguridad, infraestructura  y políticas educativas.

Bajo esa mirada, hoy se está buscando la implementación de las manillas electrónicas a través de una ley que autorice su uso. Esa es una muy buena medida y quienes están tras la misma, entienden que la pena, además de punitiva y sancionatoria debe, al ser impuesta, respetar la condición humana de las personas. Hacen bien los promotores y todos quienes están trabajando en este proyecto, porque en la medida que se reconozca primero y, se entienda después, que nuestro sistema carcelario es caótico porque responde a un sistema de justicia fallido, no solo podremos alivianar la carga en recintos carcelarios, sino que evitaremos que, ante determinados casos, la detención preventiva sea la excepción y no la regla.

El autor es abogado