Octubre ecuatoriano, febrero boliviano
El año 2003, en Bolivia vivimos los sucesos de Febrero Negro, ocasionados por las decisiones impopulares del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa. Bajo instrucciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno pretendía implementar un impuesto al salario como parte de un programa de austeridad en las finanzas públicas.
Tras un motín policial y enfrentamientos en el centro político del país, el Gobierno desistió de su propuesta, confinó a los policías amotinados a lugares lejanos del país e inició una nueva ola de medidas antipopulares que desembocaron en las luctuosas jornadas de octubre, que hace 17 años culminaron en la renuncia de Sánchez de Lozada.
Desde inicios de octubre de 2019, Ecuador vivió 12 días de manifestaciones masivas en contra de las medidas de Lenín Moreno. A cambio de un préstamo de más de 10.000 millones de dólares, el FMI y otros organismos exigieron medidas de austeridad, y el Gobierno decidió eliminar los subsidios a los combustibles, liberando sus precios a los designios de los mercados internacionales, provocando que la gasolina subiera en 24% y el diésel en 109%, con los consiguientes efectos inflacionarios sobre los productos de consumo básico, el transporte y otros servicios.
Tras un llamado al diálogo, Moreno aceptó derogar la eliminación de los subsidios. A pesar de esta situación, los precios continúan altos, existe desabastecimiento en los mercados populares y, con el cese de las protestas, el Gobierno está persiguiendo a los líderes sociales que encabezan el movimiento indígena y al principal partido opositor, Revolución Ciudadana.
Lenín Moreno declaró que la restitución del subsidio es transitoria, hasta que se elabore una “nueva política con enfoque integral”. Dejando de lado los eufemismos, el gobierno ecuatoriano sólo está retrocediendo para tomar impulso en las políticas que viene aplicando hace más de un año, con la entrega de parajes mineros en territorios indígenas, venta de empresas públicas, despido de funcionarios públicos, eliminación de impuestos a los grandes capitales, y otras reformas tendientes a una mayor flexibilización y precarización laboral.
Es previsible, por lo tanto, que Moreno retomará las pretendidas medidas en Ecuador. Una clara señal la dio la economista jefe del FMI, Gita Gopinath, quien el pasado 15 de octubre celebró el hecho de que “se tomen decisiones sobre reformas macroeconómicas reuniendo a todas las comunidades”, añadiendo que esperaba que “las reformas se lleven a cabo y sean exitosas”.
Retornando a Bolivia, tras los sucesos de Febrero Negro, Sánchez de Lozada hablaba de “aprestos golpistas” (al igual que Lenín Moreno) añadiendo en abril de 2003 que defenderían su gobierno “con las armas”. El gobierno de Carlos Mesa continuó las negociaciones con el FMI, entidad que estaba en contra de la demanda popular de nacionalización de los hidrocarburos –emergida del referéndum de 2004 y plasmada en la Ley de Hidrocarburos de 2005–, que Mesa se negó a promulgar.
Los paralelismos son evidentes, el octubre ecuatoriano de 2019 se parece demasiado al febrero boliviano de 2003. Sólo espero dos cosas: una, que el pueblo ecuatoriano no tenga que vivir lo que vivió Bolivia hace 16 años para rechazar las políticas del FMI; y otra, que los bolivianos sepamos ver nuestro pasado en el Ecuador de Lenín Moreno, para no repetir los mismos errores.
El autor es economista
