Inercia de la OEA

La Organización de Estados Americanos se creó para lograr un orden de paz y de justicia en el continente americano. En cumplimiento de ese propósito declaró que su objetivo es el de promover y consolidar la democracia representativa.       

Con referencia a nuestro país se presentó a la OEA una ocasión de dar cunplimiento a su misión. El año 2008, en el seno de la Asamblea Constituyente se aprobó un artículo según el cual el Presidente y el Vicepresidente de la República pueden ser reelectos indefinidamente. Tal decisión que anulaba una regla tradicional de alternabilidad el mando dio origen a un alzamiento popular.

Para solución del conflicto, por petición simultánea de gobernantes y de representantes de los partidos políticos de oposición, se solicitó la mediación de la OEA. En las reuniones pertinentes los delegados de ambas partes, teniendo como testigo al Secretario General de la OEA y en presencia de numerosos representantes de la Comunidad Americana y de la Europea, llegaron a un acuerdo según el cual, en el artículo correspondiente se fija en cinco años el periodo de funciones del Presidente y del Vicepresidente de la República con posibilidad de reelección por una sola vez de manera continua, y se dispone que los mandatos anteriores a la vigencia de la nueva Constitución se tomarán en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones.     

Sin embargo, la OEA no hizo nada para impedir el quebrantamiento de ese acuerdo cuando los gobernantes decidieron y lograron ser reelectos para un tercer periodo. Por añadidura, ante el propósito de los gobernantes de postularse para un cuarto mandato pese al rechazo expuesto en referéndum, no emitieron ningún criterio en respuesta a consulta expuesta sobre la pretensión oficial de estar ese proyecto basado en autorización contenida en un tratado internacional. Más grave aún, el Secretario General llegó inclusive a presentarse en nuestro país para expresar que no había inconveniente alguno para esa pretendida nueva postulación.

Actualmente, ante el intento de supresión del régimen democrático, la OEA, como garante de ese pacto, debe emitir un pronunciamiento señalando que corresponde anular el resultado del acto electoral del 20 de octubre pasado.

El autor es abogado