Moderación vital

La posibilidad de pronto retorno a la convivencia en democracia parece difícil por el ánimo no proclive a la pacificación con que actúan algunos de los dirigentes de los grupos en pugna desde el reciente acto electoral frustrado. Por una parte, quienes acaban de hacerse cargo de las labores propias del Poder Ejecutivo tienen exclusivamente la misión de crear las condiciones que hagan posible la realización de nuevas elecciones.

Son componentes de un Gobierno de transición destinado exclusivamente a servir de puente entre dos períodos constitucionales, para cuyo efecto deben proceder de conformidad a la decisión adoptada anteriormente que fijó para el 15 de diciembre del presente elecciones adicionales si ninguno de los dos candidatos beneficiados con las dos primeras votaciones no llegaren a la puntuación requerida para acceso directo a la función del Poder Político.

Debe efectivamente apreciarse el próximo acto electoral como si realmente tuviera ese carácter de segunda vuelta, pues ciertamente es continuación del realizado el 20 de octubre pasado que resultó anulado por acción fraudulenta demostrada por auditoría técnica a cargo de expertos técnicos contratados por la OEA.

El actual Ministro de Gobierno, inmediatamente después de haber jurado que ejercerá sus funciones respetando las reglas democráticas establecidas en la Constitución Política del Estado, inició acciones de persecución contra ciudadanos que tuvieron rango equivalente al suyo durante el régimen anterior.

Existe la necesidad imperiosa de contar antes de fin de año con las autoridades que serán el año 2020 cabeza del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Por esa razón, se puede y debe actuar sin dar cumplimiento a las reglas sobre plazos procesales establecidas en la Ley Electoral entre la fecha de convocatoria al acto electoral y la fijada para su realización.

Censura igual merecen dirigentes de pobladores de la región chapareña del Departamento de Cochabamba y de la ciudad alteña del Departamento de La Paz, actualmente decididos a un enfrentamiento anunciado con características de guerra civil. Si realmente creen que los sectores indígenas consideran que el partido político al que se adhirieron merece ejercer nuevamente las funciones de gobierno, deben ayudar a crear las condiciones que hagan posible su retorno al poder. Los unos y los otros, fieles a sus sus respectivas convicciones ideológicas, tienen que actuar con sujeción a las reglas democráticas que fijan el procedimiento para nueva designación de autoridades.

Las últimas acciones violentas que ocasionaron muertos y heridos son causa de mayor encono. Sin embargo, la aparición de una corriente de intento de pacificación surgida en ambos sectores políticos abre esperanza de pacificación para hacer viable nuevos comicios en ambiente de libertad.                     

El autor es abogado