Qué hacer para que las empresas públicas beneficien a los bolivianos

Uno de los temas más importantes de la propuesta de Unidad Nacional para el país es el de las empresas públicas. Muchas de estas son el resultado de una política del Movimiento al Socialismo que funcionó a medias. Por eso debemos cambiar lo que está mal y mejorar lo que está bien. De cualquier modo, un criterio básico es este: mantener el patrimonio nacional.

De las 32 empresas públicas 29 son deficitarias. Urge resolver el problema que sus pérdidas representan para la economía del país. Para ello podemos y debemos usar diversos métodos: Combinar soluciones de mercado y otras más estatistas, sin frenos ideológicos, siendo en todo momento prácticos, con la misma clase de pragmatismo que convirtió a la China en una potencia mundial. Deng Xiaoping decía que no importa de qué color es un gato, con tal de que cace ratones.

Un primer método será la creación de empresas populares, entendidas como asociaciones de productores y trabajadores que asumen la responsabilidad y parte de la propiedad de la empresa; seguiremos el modelo de Guabirá, que ha creado un polo de desarrollo y generado muchos emprendimientos en el norte cruceño.

Hay que impulsar que los aymaras y los quechuas se conviertan en empresarios exitosos. La tarea que debemos cumplir es la que, pese a toda la propaganda, no se realizó en los 14 años del MAS: crear las condiciones para que haya una gran cantidad de aymaras, quechuas y guaraníes ricos. Esto se dice fácil, pero cifra el dilema principal de nuestro desarrollo. Y un medio de lograrlo es, justamente, la asociación de estos productores con las empresas estatales.

Por otro lado, necesitamos que las empresas que, por su carácter estratégico, deben seguir exclusivamente en manos del Estado, sean bien manejadas, con planes de mediano y largo plazo que se cumplan. Hay que evitar seguir el ejemplo de Ende, que es una compañía eficiente pero que, al mismo tiempo, opera en un sector ineficiente. ¿Por qué? Porque sus inversiones fueron decididas políticamente, por fuera de sus planes propios, lo que elevó sus costos y creó un superávit de energía que resulta preocupante.

Por un lado, este superávit habilita a Bolivia para exportar, pero, por el otro, ya que no tenemos mercados externos bien explorados, desordena la industria. Producir una carga eléctrica muy superior a la demandada por la industria, los hogares y la exportación efectiva implica un despilfarro económico y un despilfarro ambiental.

Finalmente, ¿qué hacer con las empresas públicas que no son rentables y tienen pocas posibilidades de formar parte de asociaciones de productores? Tendremos que reconvertirlas y redimensionarlas, para salvar lo más posible sus inversiones, que, no debemos olvidarlo, se realizaron con los impuestos de todos. También es muy importante sacarlas de su ensimismamiento y ponerlas de cara a los mercados.

Para aplicar estas políticas se requiere de consenso político, es decir, de la celebración de pactos entre los distintos actores en torno a una hoja de ruta bien pensada y meticulosa. Hemos aprendido que la razón técnica no basta, que además se requiere dar gobernabilidad política a las empresas clave del país, y que esto solo puede lograrse con participación del Estado y de los trabajadores.

Los productores de todo el país deben debatir y acordar su participación en esta nueva etapa de desarrollo. La idea es que no pierdan nada; al contrario, que ganen certidumbre y protagonismo dentro de una economía plural, dinámica y eficiente.

El autor es presidente de Unidad Nacional