La Chiquitania sigue amenazada
Hace casi medio año que el fuego terminaba de arrasar más de cinco millones de hectáreas de bosque seco en la Chiquitania, al cabo de un incendio sin precedentes que comenzó en julio y se constituyó en uno de los mayores y más graves desastres ecológicos que sufrió Bolivia.
Con menor impacto mediático, la deforestación ejecutada el año pasado alcanzó a una superficie de 270.497 hectáreas, más de la mitad, el 58% de esa área fue deforestada de manera ilegal, según constata el reciente informe de rendición pública de cuentas de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).
Incendios forestales, provocados por los desmontes descontrolados, y tala ilegal de bosques –especialmente en el departamento de Santa Cruz y en menor medida en Beni–, fueron propiciados por normas permisivas emitidas por el Gobierno del Movimiento al Socialismo.
El viernes pasado, en la sede de gobierno, indígenas y colectivos ciudadanos de Santa Cruz y La Paz de presentaron dos proyectos de ley para evitar más incendios en la Chiquitania. El propósito específico de esas propuestas es, precisamente abrogar las normas legales “incendiarias” que propiciaron el inmenso desastre del año pasado en la Chiquitania.
Esos documentos que fueron elaborados, en consenso, por las representaciones de diferentes sectores, expertos, líderes indígenas, apuntan a la Ley 741 de autorización de desmontes, el Decreto Supremo 3973 que autoriza quemas y desmontes controlados en Santa Cruz y Beni y la Ley 1171 de manejo y uso de fuego para la actividad productiva.
El desastre ecológico de la Chiquitania quedó en una suerte de olvido con la convulsión social poselectoral. Las urgencias del intenso brote de dengue y los efectos devastadores de las lluvias que afectan a varios departamentos ocuparon y ocupan la atención de la ciudadanía y del Gobierno y transitorio.
La temporada de lluvias, está en sus semanas finales. Y la campaña electoral en sus comienzos. En julio, los bosques chiquitanos estarán nuevamente listos para ser pasto de las llamas. Y el “incendiario” Decreto 3973, que autoriza el desmonte en tierras de Santa Cruz y Beni, sigue vigente.
En poco menos de dos semanas, el 15 de marzo, llega a Bolivia una comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza para llevar adelante una evaluación de la destrucción provocada por el incendio en la Chiquitania.
Es de esperar que sus recomendaciones y las propuestas presentadas el viernes en La Paz, motiven en el Gobierno la decisión para abrogar el controvertido decreto y emprender iniciativas legislativas para evitar que se repita un desastre ecológico en esa región y que otras continúen expuestas a la devastación por el fuego.
