Subvenciones necesarias
Las medidas impuestas por el Gobierno por la emergencia sanitaria del coronavirus son imprescindibles para frenar la expansión de los contagios de Covid-19 en el país. Pero ellas tienen un efecto que puede ser devastador para la economía nacional.
Esta perspectiva no parece exagerada, pues la necesaria cuarentena paraliza las actividades económicas que no son imprescindibles en la emergencia, como lo son “la producción de alimentos, la provisión de insumos para ésta, así como, a la elaboración de productos de higiene y medicamentos”, según lo enuncia el decreto de declaratoria de estado de emergencia sanitaria dictado el miércoles pasado.
Además, si bien se determinó que el 15 de abril concluye el estado de emergencia sanitaria, su fin en esa fecha no es una certidumbre, puesto que la progresión de los contagios puede prolongarse, y aumentar, de manera que el aislamiento domicilario continúe siendo necesario.
El efecto negativo de la casi total parálisis de las actividades económicas –formales o informales– es especialmente dramático en gran parte de los sectores industrial, comercial y de diversos servicios.
Para mitigar ese efecto adverso de las restricciones sanitarias, el Gobierno adoptó medidas económicas significativas: bonos, diferimiento del pago de impuestos y de créditos bancarios, canasta familiar, y otros. Pero esas medidas son insuficientes, de manera especial, para las empresas industriales.
“Las industrias se encuentran en una situación de asfixia puesto que los ingresos están en descenso y los gastos (salariales, crediticios, tributarios, de seguridad social, etc.) continúan inalterables”, alertó anteayer el presidente de la Cámara Nacional de Industrias.
Esa situación es común a todos los países que enfrentan la pandemia del coronavirus, con escasas excepciones. Y la intervención decidida del Estado en la economía, para evitar su debacle, es prácticamente la norma en todas partes.
Así, en el vecino Perú, por ejemplo, su Gobierno ha instaurado un subsidio para que el Estado financie el 35% de los salarios de los trabajadores formales que ganen hasta un equivalente de 3.030 bolivianos, monto que significa más de un salario mínimo y medio en ese país.
En Bolivia, los ministros del área económica del Gobierno transitorio tendrían que estar analizando las soluciones a adoptar para mitigar la “situación de asfixia” que sufren las empresas industriales nacionales.
Es de esperar que esas medidas sean suficientes para evitar la debacle del sector y el Gobierno las instaure lo antes posible.