Después del virus: un triángulo de reformas

Hoy sabemos con certeza que desperdiciamos la bonanza del gas y la terminamos con una economía más dependiente y vulnerable que nunca. La precariedad de nuestros servicios públicos y la debilidad del sistema institucional del Estado se pusieron en dramática evidencia con la epidemia que hoy enfrentamos. No tenemos ni las camas necesarias de hospital, mucho menos los equipos de terapia que ayudarían a salvar vidas. Tampoco contamos con personal sanitario suficiente. Y es evidente también que nuestra base productiva y tecnológica no tiene la capacidad para adaptarse a las nuevas demandas y reorientar sus líneas de producción.

Los bolivianos estamos inermes ante el virus.

Podemos detenernos en el análisis de lo que pudo hacerse y no se hizo, y debatir con detenimiento las medidas de emergencia que se han estado tomando. Quisiera más bien poner la mirada más allá y tratar de pensar lo que debemos construir para transitar el mediano y el largo plazo hacia una sociedad más inclusiva y una economía más fuerte.

No puede haber buena salud en la pobreza. Por lo tanto, necesitamos fortalecer nuestra capacidad de crear riqueza al mismo tiempo que construimos un sistema eficiente de protección de salud. Tenemos que hacer viable un sistema de seguridad social de alcance y cobertura universales, basado en un mecanismo de solidaridad colectiva y responsabilidad individual, y sustentado en una economía flexible, dinámica y productora de riqueza a partir de emprendimientos basados en la iniciativa y la creatividad de la gente.

Dejando de lado detalles complementarios que serán sin duda necesarios para afinar esta propuesta, y para hacerla política y legalmente factible, quiero proponer tres mecanismos estrechamente vinculados entre sí y de aplicación simultánea.

El primero: un verdadero seguro universal de salud. Toda persona debería afiliarse a un seguro de salud como requisito fundamental para acceder a un empleo, viajar, realizar trámites o cobranzas, o incluso votar. Ese seguro podría ser otorgado por empresas públicas o privadas, municipales o universitarias, o ser de carácter gremial o corporativo (como las actuales “cajas”). El Estado regularía los mínimos patrones de calidad, cobertura y costos. En este momento, hay un grupo de empresas que ofrece un seguro mínimo familiar de salud por 100 Bs al mes, cubriendo a cuatro personas. Las prestaciones son limitadas, pero funciona a pesar de que tiene menos de cinco mil clientes que, además pueden escoger sus consultas y solicitarlas por Internet, sin colas ni humillaciones. Si la cobertura fuera para cientos de miles de personas, las prestaciones serían mayores y el precio también bajaría.

Obviamente, sabemos bien que en el país, aun siendo barato, a muchas familias les sería imposible pagar ese seguro, salvo que recibieran un subsidio básico.

Ese es el segundo vértice de la propuesta: crear el ingreso básico universal. Hace años propuse distribuir las rentas de recursos naturales entre todos los ciudadanos. Toda la argumentación y los cálculos de simulación se publicaron en el libro La Trampa del Rentismo (y cómo salir de ella). Si bien las rentas de recursos naturales han caído estrepitosamente, ellas podrían todavía ser la fuente principal de financiamiento de este ingreso básico.

Esta fuente se justifica plenamente por el hecho de que esos recursos pertenecen a todos los bolivianos y por lo tanto sus rentas también, pero sobre todo porque la reciente experiencia nos ha demostrado que es inevitable su despilfarro cuando se quedan en manos del Estado. El año 2018, ya pasada la bonanza, las rentas de la explotación minera y de hidrocarburos hubieran alcanzado para dar a cada familia 118 Bs al mes, suficiente para que todos compren el seguro de salud de su preferencia.

Obviamente, esas rentas oscilan por lo que podría ser necesario que el ingreso básico se financie con una parte de los ingresos tributarios.

No se trata de aumentar los impuestos a la pequeña proporción de bolivianos que hoy los paga, porque eso terminaría de asfixiar al sector productivo y desalentar el trabajo y la inversión. Necesitamos una economía más dinámica y flexible para crear cada vez más riqueza porque sólo de esa manera tendremos un Estado con la fuerza y la solvencia para cumplir con su sociedad.

El tercer vértice de la propuesta: una reforma tributaria radical que simplifique el sistema, lo haga universal y mejore las recaudaciones. Podríamos pensar en un impuesto único del 10% a los ingresos personales, cualquiera que sea la fuente de los mismos: sueldos, utilidades, ventas, alquileres, regalos o herencias, a partir de un cierto nivel, y un impuesto fijo y sencillo también para las ventas. Esto implicaría eliminar todos los otros impuestos, como aranceles, impuestos al valor agregado o a las transacciones, a las utilidades reales o presuntas, los regímenes especiales y tanto otro pequeño infierno al que se enfrentan los contribuyentes.

Podría decirse que es un retorno al tradicional diezmo que, por lo demás, es religiosamente cumplido hasta por los feligreses más pobres de las modernas iglesias evangélicas. Un sistema sencillo y liviano alentaría la formalidad y la inversión, premiando a los emprendedores de todo tipo y tamaño, y dando un enorme impulso al crecimiento de la economía. Ese crecimiento se reflejaría también en crecientes recaudaciones y por tanto en creciente capacidad para cubrir el ingreso universal básico.

Esta reforma plantea enormes desafíos de control y conciencia tributaria, que pueden facilitarse mucho con la declaración jurada de ingresos (los ingresos de uno son los gastos de otro, y nadie puede gastar más de lo que recibe). Esa declaración, y el cumplimiento de las normas tributarias, serían también requisito imprescindible para acceder al ingreso básico universal.

Es posible que con estos mecanismos la recaudación tributaria inicial no alcance a cubrir todos los gastos del gigantesco aparato público que se creó durante la bonanza. Ese será el dilema de los políticos, que tendrán que encontrar mecanismos que limiten el gasto fiscal a las disponibilidades. Mientras los ciudadanos hagan el esfuerzo de pagar impuestos y trabajar con ahínco, corresponderá a los dirigentes del Estado ajustar sus gastos a los ingresos tributarios, y no a la inversa.

Es importante también destacar el hecho de que un seguro de salud desvinculado de la condición laboral, que podría ser complementado con un seguro de cesantía basado en el sistema de pensiones, cuya universalización también es urgente, permitiría dar mayor flexibilidad al mercado laboral. Nadie seguirá aferrándose a su empleo cuando tenga la protección necesaria y las circunstancias le obliguen a cambiar o deba enfrentarse al despido. Si hay más flexibilidad laboral, habrá también mayor capacidad en el sistema económico para adaptarse a los cambios.

Por supuesto, hay muchos elementos que necesitan ser estudiados y precisados para dar viabilidad a estas tres reformas. Pero creo que con ellas se avanzaría mucho hacia una economía más dinámica e impulsada por la capacidad emprendedora y creativa de la gente, aliviada de la carga tributaria, reduciendo las brechas sociales y con salud para todos en un entorno competitivo.

La Bolivia que emerja de esta crisis puede ser una sociedad protegida, solidaria y emprendedora. ¿Hará falta esperar mucho para transitar ese camino?

El autor es investigador del Ceres