Elecciones y pandemia
La irrupción en el país de la pandemia del nuevo coronavirus, el 10 de marzo, provocó la suspensión del proceso electoral el 21 de marzo, cuando faltaban 19 pasos para completarlo y 43 días para las elecciones generales que debían realizarse el próximo domingo, 3 de mayo.
La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará, en los próximos días, una ley que modifique la fecha fijada para los comicios, en base a Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales promulgada a finales de noviembre del año pasado, como corolario del fin de la crisis poselectoral.
Una nueva ley específica para la realización de las elecciones generales es imprescindible pues sin ella entraríamos en una crisis jurídica que todas las fuerzas políticas están de acuerdo en evitar.
En lo que no existe acuerdo es en la nueva fecha de las elecciones. Y en ese aspecto, es razonable la propuesta del Tribunal Supremo Electoral que plantea fijar un periodo de tres meses, a partir del 28 de julio, durante el cual se realizarían los comicios el día determinado por el Órgano Electoral “a partir de consideraciones técnicas, de valoraciones científicas, provenientes de estimaciones serias sobre la evolución de la pandemia, y teniendo como referencia útil las experiencias internacionales”, como lo dijo su presidente al anunciar la suspensión del proceso.
Es iluso esperar que las agrupaciones políticas excluyan de sus estrategias de campaña las acciones gubernamentales para frenar el avance de la pandemia y, sus resultados, especialmente en lo que se refiere a la mitigación de los efectos económicos y sociales de la cuarentena.
Pero es legítimo esperar, y exigirles, que prioricen la salud de la población y la continuidad del proceso de recuperación democrática iniciado durante la convulsión poselectoral.
Así, la nueva ley tendría que permitir al TSE reanudar el proceso electoral en el plazo más breve, de manera que éste concluya en las siete semanas que le faltaban para ello, cuando fue interrumpido, y lleve a cabo las elecciones adecuándolas, en su realización, a la emergencia sanitaria.
De esa manera, hasta fines de junio o mediados de julio todo el andamiaje electoral estuviera listo para que las elecciones generales se lleven a cabo en la fecha fijada por el TSE.
Es la única vía para que a la emergencia sanitaria de la pandemia, y los perjuicios económicos resultantes de las restricciones, no se sume una crisis institucional y política que descalabre la frágil legitimidad del Gobierno transitorio.
