Eliminando la fuente de la tentación

Imaginemos los recursos públicos como agua de un estanque y las necesidades de una sociedad como un huerto, en el que cada planta representa una necesidad puntual: infraestructura, educación, salud, empleo, etc. Consideremos ahora a los diferentes niveles del gobierno como las distintas mangueras de riego conectadas al estanque. Esa configuración permite que la distribución del agua sea más rápida y equitativa, aunque debido a una mayor cantidad de puntos potenciales de fuga y filtración, presenta también mayor posibilidad de pérdidas.

Dada la importancia de asegurar un manejo adecuado del dinero público, cabe preguntarse si las condiciones culturales y de institucionalidad existentes en el país permiten mantener la estructura actual de ejecución de los recursos públicos, o bien si algún tipo de ajuste es necesario.

Actualmente, el gasto e inversión estatales en Bolivia se ejecutan a través de aproximadamente 400 entidades gubernamentales, entre ministerios, gobernaciones, municipios, etc., y muchas de ellas constituyen, en la práctica, puntos efectivos de filtración o, dejando la analogía de lado, fuentes activas de corrupción.

Considerando que la idiosincrasia nacional valora la viveza por sobre el esfuerzo, confiar en que el espíritu cívico se imponga en los servidores públicos es poco realista, pues, aunque sí se da, es más la excepción que la regla. Esperar, entonces, en que los mecanismos gubernamentales de control funcionen de manera adecuada y desincentiven el manejo ilícito de la cosa pública, constituiría la alternativa restante.

Sin embargo, existe un aspecto de fondo que limita cualquier intento serio y sostenible para combatir la corrupción estatal y que pone de manifiesto la debilidad estructural del Estado: los cargos públicos constituyen, en buena medida, botines políticos y el incentivo para acceder a ellos es principalmente económico, no cívico. Por tanto, mientras se considere al dinero público como fuente potencial de enriquecimiento fácil, continuarán los intentos por parte grupos delincuenciales had hoc para malversarlo. Los recurrentes escándalos de corrupción estatal en todos sus niveles así lo confirman.

En proponer no hay engaño, dice el dicho popular, por tanto y como propuesta puntual para resolver una situación compleja, el esfuerzo inicial debiera enfocarse en el nivel que aglutina mayor cantidad de entidades públicas y que maneja la mayor cantidad de recursos: el municipal.

Es cierto que los municipios cuentan con autonomía de gestión y no se pretende limitar ninguna de sus atribuciones, sino permitirles potenciar aquellas que constituyen parte esencial de su propósito, como las de planificación y control. La alternativa propuesta sería la terciarización de ciertas actividades administrativas municipales, específicamente aquellas relacionadas con los procesos de selección, calificación, adjudicación y pago de los bienes y servicios requeridos por cada municipio.

El concentrar las actividades mencionadas en una nueva entidad estatal –que cuente con recursos humanos bien preparados y mejor pagados, con cargos institucionalizados e incentivos en función de su desempeño– generaría un número importante de ventajas para el país, entre las cuales se puede mencionar:

a. eliminación de la posibilidad de sobornar a los miembros de las comisiones de calificación, al no existir relación directa entre estos y los oferentes; economías de escala, al reducir la necesidad de contar con la misma área funcional en 342 municipios;

b. construcción, actualización y ampliación de bases de datos nacionales con costos unitarios para ítems; integración práctica del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) con el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) para la participación en línea de las convocatorias publicadas, lo cual incrementaría dramáticamente la transparencia de los procesos de contratación, al estar todos los pasos del proceso y calificaciones disponibles al público;

c. promoción de una nueva generación de servidores públicos y la reinstalación de la carrera del servicio público al menos en esa entidad;

d. reducción de la inestabilidad política en las gestiones municipales, propiciadas por acusaciones políticas de corrupción; etc.

Finalmente, se puede decir que la configuración vigente para la ejecución de recursos municipales fue un acierto en su momento. Sin embargo, su aplicación resultó eminentemente teórica, pues la práctica demuestra una y otra vez lo vulnerable que ésta ha resultado, independientemente de los mecanismos de control establecidos.

Sería válido concluir entonces que ésta no se ajusta, o por lo menos no aún, a la realidad nacional.

El autor es administrador de empresas, magíster en administración de negocios