Crimen de lesa humanidad

Corría alguno de los cruentos años de la Guerra del Chaco. Se diseñaban oscuras tácticas para aniquilar al enemigo. Una de ellas fue la orden de esparcir el vibrión cólera en aguas enemigas.

Mi abuelo, Hernando Briançon Diez de Medina, junto con otros galenos, se opuso y desobedeció a esta medida. Dijo que, de hacerlo, se trataría de un crimen de lesa humanidad. Esta aseveración ha quedado registrada en un documental realizado por el historiador Pablo Michel.

Para entender bien el concepto, un crimen de lesa humanidad es aquel delito atroz, de carácter inhumano, que forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

Un crimen de esta naturaleza es el que está cometiendo la Cámara de Diputados del país, presidida por Sergio Choque, al mentir cuando manifiestan que los fondos del Impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) no están disponibles para ser usados en la lucha contra el coronavirus.

El secretario de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, mostró una carta del Banco Central de Bolivia dirigida al diputado Choque en la que el ente monetario comunica que, al 18 de mayo de 2020, el saldo del Fondo de Promoción a la Inversión en Explotación y Exploración Hidrocarburífera (Fpieeh) alcanza a 516 millones de dólares, y desde su creación (2016) no se ha realizado desembolso alguno de este presupuesto que pertenece a los gobiernos municipales, gobernaciones, universidades y otras entidades.

Con este monto se pueden comprar 11.500 respiradores, instalar más de 10.000 camas hospitalarias para atender a los pacientes, y comprar 35 millones de pruebas rápidas y más de 1.000 millones de barbijos para dotar a la población en la prevención contra la Covid-19.

Pero los fondos están congelados, y por una ley del gobierno de Evo Morales fueron confiscados, supuestamente, para apoyar la inversión en hidrocarburos.

De ahí que reservarlos y evitar su descongelamiento cae en la categoría de criminalidad perpetrada contra toda la sociedad.

Se podría suponer que dependemos de la explotación gasífera y petrolera, pero si desde 2016, cuando fue aprobada esa ley, hasta este momento no se ha empleado ese dinero ahorrado ¿no podría usarse hoy en la batalla contra la Covid-19 y dotar de mejores insumos a médicos y enfermeras?

¿O aquellos que tienen amplia mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional quieren ser recordados como criminales a quienes no les importó la salud de sus compatriotas?

¿O tal vez puedan recapacitar, y así como mi abuelo, podrían desobedecer una orden y descongelar los fondos para destinarlos a la lucha contra esta pandemia?

La autora es periodista, Premio Nacional De Periodismo Especializado En Banca