Más fondos para luchar contra la pandemia
En unas dos semanas, el municipio de Cochabamba recibirá más de 53 millones de bolivianos de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos que fueron retenidos desde 2015. Ese desembolso resulta de la vigencia de una ley sancionada en la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada ayer por la Presidenta del Estado.
Los municipios de todo el país celebran la nueva legislación que les permitirá contar con más recursos para el combate contra la expansión de la pandemia del nuevo coronavirus y aplicar medidas destinadas a mitigar los efectos económicos resultantes de la emergencia sanitaria.
Para el municipio de Cochabamba es, sin duda, una buena noticia, pero también tendría que ser un motivo de preocupación, pues la Alcaldía de Cercado, que dispondrá de esos fondos, no es precisamente un modelo de gestión eficiente y transparente ni de responsabilidad administrativa.
Las extraordinarias circunstancias que atravesamos como resultado de la pandemia, han puesto en relieve de manera más cruda y dramática los efectos negativos de la gestión del alcalde José María Leyes que, además de enfrentar cerca de una docena de procesos penales por diversas irregularidades en el manejo de la Alcaldía, no responde a los pedidos de informes del Concejo Municipal, acerca de la aplicación de 10 leyes y 16 resoluciones ediles.
“Se le ha asignado más de 66 millones de bolivianos y le hemos pedido que nos diga en qué está gastando, cuánto le queda (...). También debería enviar al Concejo el Plan de Contingencia para la cuarentena rígida y no lo ha hecho”, reclamaba hace pocos días una concejala del partido que llevó a Leyes a la Alcaldía.
Por esas recientes falencias, que se califican como incumplimiento de deberes, Leyes podría recibir una sanción administrativa o ser suspendido, nuevamente, de sus funciones de alcalde, después de la cuarentena, cuando comparezca ante la Comisión de Ética del municipio.
La nueva ley que libera los mencionados recursos del IDH en beneficio de los gobiernos municipales establece que esos dineros deben ser destinados en un 50% a actividades de prevención, atención y contención del coronavirus, equipamiento de hospitales y compra de pruebas rápidas; un 25% a programas de seguridad alimentaria de la población, y el 25% restante al fortalecimiento de la producción local afectada por la cuarentena.
Asimismo, la ley instituye que será la Asamblea Legislativa Plurinacional quien fiscalice la ejecución de esos recursos. Lo cual, especialmente para los cochabambinos, permite esperar que serán invertidos de manera correcta y oportuna.
