¿Corrupción de nuevo? ¡Huevo!

En diferentes círculos escucho afirmar que nuestro país está estancado, sin posibilidades de exterminar la pobreza y lograr un desarrollo sostenido, principalmente porque la corrupción se ha convertido en un mal endémico, un cáncer imposible de detener, incrustado en todo el tejido social.

Cómo pensar lo contrario cuando los bolivianos, desde que nacemos hasta que morimos, somos testigos de la corrupción sistemática, que va desde la “colaboración” que pide el policía para permitirnos pasar la tranca, o el “pa’ mi pasaje” que pide el oficial de diligencias del juzgado para notificar a la contraparte, hasta las “comisiones” que cobran abiertamente funcionarios públicos de distintos estamentos del Estado para agilizar trámites o para adjudicar compras.

Hay quienes, yendo más allá, hasta concluyen que la corrupción “hace parte de nuestra cultura” y que por ello “es imposible de erradicar”, lo que muestra que algunos bolivianos han perdido por completo la esperanza de poder vivir en un país libre de corrupción.

Por mi parte, estoy convencido de que es posible reducirla de manera significativa. Y la fórmula es simple: examinemos qué hicieron exitosamente otros países que tuvieron el mismo problema endémico.

En la primera mitad del siglo pasado, siendo aún una colonia del imperio británico, Singapur se caracterizaba por ser una de las zonas económicas más corruptas del mundo. Me imagino que los singapurenses de aquel entonces pensaban igual que los bolivianos del siglo XXI. A partir de 1959, una vez que Singapur obtuvo su independencia, su primer gobierno implementó políticas dirigidas a combatir a la corrupción y, hoy por hoy es el país menos corrupto de Asia, y el cuarto menos corrupto del mundo, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 de Transparencia Internacional (TI), que mide ese fenómeno en más de 198 países.

¿Cómo lo logró Singapur? Con voluntad política, entendida como el compromiso –real e indefectible– de hacer de la lucha contra la corrupción una prioridad nacional. Así, el primer Gobierno de Singapur: (1) creó una agencia de anticorrupción independiente de los poderes del Estado, dotándola de enormes recursos humanos y económicos; (2) a lo largo de los años, aquella agencia hizo cumplir las leyes anticorrupción de forma imparcial y transparente, y nunca fue utilizada como arma para perseguir o desprestigiar a rivales políticos; y, finalmente, (3) identificó las causas que generaban corrupción e implementó políticas para corregirlas (por ejemplo, llenó los vacíos jurídicos que permitían la perpetración de actos corruptos en sus políticas de contratación).

Otro ejemplo interesante, y más reciente, es el de Ruanda, país que según TI en 2006 estaba entre los más corruptos de África, ocupando el puesto 101 de su Índice. Sin embargo, en tan solo 13 años logró reducir de manera significativa su endémica corrupción, pasando en 2019 al puesto 51; un avance sorprendente para un país con una corta vida institucional, que padece de una pobreza generalizada y cuyo Gobierno, por allá no pudo impedir un terrible genocidio el año 1994. ¿Cómo hicieron los ruandeses para aplacar a la corrupción en 12 años? ¡Pues con voluntad política!

Con ella (1) crearon cuatro entidades anticorrupción independientes, con el exclusivo propósito de controlar a los estamentos de Estado (una de ellas la Defensoría del Pueblo); (2) emitieron una serie de normas novedosas, como la Ley de Protección de Denunciantes; (3) transparentaron sus procesos de contratación; y, finalmente, (4) hicieron que sus entidades contraloras fueran exitosas en procesar a funcionarios responsables de actos de corrupción, inclusive aquellos que ejercían altos cargos dentro del Gobierno de turno.

En el caso de Bolivia, contamos con casi un siglo y medio de una “voluntad política” a medias, porque si bien el país fue dotado de una institución completamente independiente de los poderes del Estado, inserta en su organigrama institucional desde 1883, la Contraloría General, cuyo mandato constitucional era y es actualmente, bajo la Constitución de 2009, el de “controlar a las entidades públicas en las que el Estado tenga participación o interés económico y cuyas facultades se encuentran plasmadas en la Ley”, ésta nunca pudo desarrollar su labor adecuadamente, principalmente por factores exógenos.

Qué factores, me preguntarán. Por ejemplo, desde sus inicios la Contraloría no fue dotada de recursos suficientes para desarrollar su labor adecuadamente, más aún, considerando lo extensivo de su mandato, neutralizándose así la posibilidad de realizar una supervisión apropiada. En los últimos 15 años (2006-2020) fue vergonzosamente intervenida –aún lo está– por el partido que estuvo en el poder casi todo ese tiempo y se dedicó a cumplir más bien un rol de títere, haciendo la vista gorda a la comisión de los más escandalosos actos de corrupción de nuestra historia democrática, perdiendo por completo la credibilidad y el respeto de todos los bolivianos.

¡Lo pasado, pisado!, como solemos decir, y en ese orden deberíamos concentrarnos en el futuro que nos presenta una oportunidad sin igual, porque a diferencia de otros períodos de nuestra historia, hoy estamos dotados de una gran arma: la tecnología, que nos permite acceder a la información en tiempo real y organizarnos para que nuestras voces sean oídas. El mejor ejemplo es el paro indefinido, decretado y acatado por la mayoría del pueblo que, exigiendo libertad y democracia, dio fin el pasado noviembre a la dictadura instaurada silenciosamente.

Gracias a esa voz enérgica, el 6 de septiembre elegiremos a un nuevo Gobierno y un nuevo Parlamento. Sin embargo, previamente es menester que el pueblo se organice, tal como lo hizo en octubre de 2019, exigiendo a toda la clase política, independientemente de su color partidario, que haga de la lucha contra la corrupción una prioridad nacional, con propuestas serias y viables en tiempos reales, y de manera que surja la “voluntad política” necesaria para crear instituciones suficientes o dotar a las existentes de los recursos necesarios para erradicar la corrupción. Estoy seguro de que se puede. Depende de cada uno de nosotros y de nuestra capacidad de concentrar nuestras voces en una sola, tal como lo hicimos el año pasado.

El autor es abogado especialista en negocios e inversiones