AFP: Si me emborracho es con mi plata

Desde hace varias semanas, está en la mesa del debate nacional el tema de la devolución –de parte o del total– de las contribuciones que realizan las personas a los fondos de capitalización individual gestionados por las administradoras de fondos de pensiones (AFP). El total de estos recursos llega aproximadamente a $us 19.500 millones, esto representa como el 50% del PIB de un año de Bolivia. El número de asegurados es de 2,3 millones

Tres proyectos de ley están en discusión en la Asamblea. Uno propone entregar el 50% de los recursos ($us 9.750 millones), otro el 25% ($us 4.875 millones) y el más radical quiere devolver a la gente el 95% ($us 18.525 millones). También hay diferencias importantes de cuándo y cómo devolver estos recursos, si de una sola vez o en varias cuotas. Asímismo, está en debate si distribuir el equivalente a 5 o a 10 años de contribuciones.

El objetivo de la devolución es ayudar a los aportantes a contar con recursos frescos para atenuar la crisis económica.

Sin duda, este es un tema sumamente complejo y polémico. Propongo un abordaje en tres niveles. La aproximación macroeconómica, la financiera y, finalmente, y no por eso menos importante, la perspectiva de los aportantes.

Desde la perspectiva macroeconómica, la devolución de los aportes tiene la meta de fomentar el consumo o la inversión de las personas y así ayudar a recuperar la demanda agregada. En condiciones de normalidad, la oferta debería reaccionar aumentando la cantidad de bienes y servicios producidos o importados. Por supuesto, cuanto mayor es la devolución, más grande será el efecto multiplicador sobre los diferentes sectores. Esta sería una manera de salir de la recesión y recuperar el empleo. Ahora, si el dinero devuelto va al ahorro, su efecto sobre la economía es menor.

Contada de esta manera, la historia es redonda, sin embargo, cabe recordar que la crisis de la pandemia y la cuarentena implican restricciones muy serias por el lado de la oferta. Esta reacciona muy lentamente, primero, porque algunas empresas no lo pueden hacer (piensen los restaurantes y los hoteles) y segundo, porque no tienen liquidez para volver a producir. En suma, con la devolución de los aportes, el ahorro de millones de personas, que estaba destinado al consumo futuro (jubilación) viene al presente ayudando a la economía, aunque ésta reaccione parcialmente.

La segunda aproximación es financiera, y aquí es de suma importancia la cantidad que se devuelva. La idea de una devolución del 95% de los recursos, inclusive de pocos años, significa el fin del sistema de capitalización individual y el quiebre del sector financiero. Cabe recordar que de los $us 19.500 millones que tienen las AFP, el 60% está en el sector financiero nacional (sobre todo en depósitos a plazo fijo), parte está en bonos del Estado (25%), el resto, 15%, se encuentra en aplicaciones fuera de Bolivia y en acciones de empresas nacionales. La devolución del 50% también tendría un efecto similar. Una alternativa, muy cara, sería que el Banco Central compre todos estos papeles.

Una devolución del 25%, o inclusive del 10%, de una contribución promedio de 10 años, podría ser más razonable siempre que se utilicen recursos que no están aplicados en el sistema financiero. Por ley, las AFP pueden mantener un 5% de liquidez, pero con parte de este dinero se pagan las jubilaciones mensuales. Ahora bien, se podrían usar los flujos anuales de nuevos ingresos a las AFP que son aproximadamente el 10%. Cabe recordar que estos recursos no están en una alcancía gigante, sino que están circulando en el sistema financiero nacional y son la base para el apoyo a la pensión solidaria. En Chile devolvieron el 10% y en Perú el 25%.

Finalmente está la perspectiva microeconómica, de cada aportante. Recibir la devolución de estos recursos presenta un problema de consumo y bienestar intertemporal. Probablemente buena parte de la gente utilizaría sus devoluciones en consumo y tal vez una proporción menor la destinaría al ahorro e inversiones.

Es necesario recordar que en Bolivia no hay un universo de inversiones amplio. La gente podría abrir un negocio, lo cual es muy difícil en crisis, también podría comprar un activo, por ejemplo, dar un pie para la compra de un departamento, otra alternativa es que estos recursos vuelvan al sistema financiero. Si todos los recursos devueltos se van al consumo presente, esta persona estaría sacrificando el bienestar futuro. Recibiría una pensión baja. La pobreza en el largo plazo aumentaría entre la gente de la tercera edad. Ahora bien, si quisiera mantener el mismo consumo futuro tendría que trabajar más años o devolver los aportes.

Mucha gente argumenta en favor de la devolución, primero, porque desconfía que el Estado pueda mantener el valor de estos recursos, tiene miedo de una devaluación, tiene pavor de la corrupción, como ocurrió en el pasado, y reclama porque sus rendimientos son muy bajos. Muchos sostienen que el dinero en sus manos rendiría más. Sospecho que un grupo muy pequeño utilizaría bien estos recursos obteniendo mayores rentabilidades que las actuales en las AFP. También está la idea de que si el dinero es nuestro y uno sabe lo que hace con él. Como se dice la popular música: “Gracias a Dios soy soltero y si me emborracho es con mi plata”.

Finalmente, una consideración de orden distributivo. La devolución equivaldría a un sacrificio de los asalariados del sector formal. Las enormes cantidades de personas que trabajan en el sector informal se benefician con el consumo, pero, una vez más, no contribuirían colocando el dinero.

El sistema de pensiones en una economía y sociedad es sumamente importante, se requiere una reforma integral del sistema. No es una tarea para un Gobierno de transición ni en su versión Ejecutiva ni en la Legislativa. Hay muchos problemas pendientes: bajos rendimientos, una institucionalidad que está en la entelequia, una Gestora Pública que hace años no puede asumir el control del sistema y muchos más temas muy delicados.

Está en juego el futuro y la posibilidad de una vida digna para millones de personas. Las reformas urgentes del sistema de pensiones requieren de un Gobierno con la legitimidad de las urnas y de acuerdos nacionales. Así que como se dice en Villazón: “Con calma no más, que los santos de la procesión son fletados y no hacen milagros si los apuras”.

El autor el economista