17 de julio: 40 años después

Ese 17 de Julio de 1980 llegué de Santa Cruz cerca de las 10:30 de la mañana. El DC-6 del LAB tardaba hora y media a La Paz y, a las 9, antes de partir desde el Trompillo, todo estaba tranquilo. Junto a Pirulo Araníbar y Coco Pinelo integraba la Comisión de Organización del MIR histórico; fisuras internas en la regional de Santa Cruz nos habían llevado allí, luego de las elecciones nacionales en las que triunfó inobjetablemente la UDP y el MIR.

La realización de esas elecciones parecía despejar, momentáneamente al menos, la amenaza golpista de los meses anteriores, y por ello me sorprendió escuchar por la radio del bus, bajando de El Alto, el urgente llamado a una reunión del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) porque se había producido en Trinidad un conato subversivo que exigía la nulidad de las elecciones y la renuncia de la presidenta Gueiler.

La conspiración castrense y el terror

En noviembre de 1979, en La Paz, el coronel Luis Arce Gómez, comandante de la Sección II del Ejército, llegó a la avenida Arce en vehículos militares, ingresó abruptamente al Ministerio del Interior y asaltó una buena parte de los archivos de inteligencia del Estado ante la mirada perpleja del propio Jorge Zelum, ministro del Interior. Solo después del golpe se supo que ese mismo coronel había firmado, el 12 de febrero de 1980, un “Acta de lealtad” nada menos que con Klaus Barbie, el “carnicero de Lyon”, para la organización de una estructura paramilitar con asesinos argentinos, alemanes e italianos que sembraron el terror antes y después del 17 de julio de ese año.

El 7 de febrero un explosivo fue accionado en el inmueble donde funcionaba el semanario AQUÍ, dirigido por el sacerdote Luis Espinal Camps. El 22 de marzo, un mes y medio después, el cuerpo de Espinal fue encontrado camino a Chacaltaya acribillado y lacerado. Lucho, como le decían todos, la noche anterior había sido secuestrado por agentes de Inteligencia del Ejército, llevado al matadero municipal y allí torturado y victimado. Una cruz se había dibujado en su esternón como resultado de la golpiza y la tortura. Trascendiendo el salvajismo y la barbarie de su muerte, Lucho Espinal nos dejaba ese vigoroso símbolo de su fe y de su lucha.

Luis García Meza, que había sido relevado de la Comandancia del Ejército luego del fallido golpe de Natusch, en noviembre de 1979, se insubordinó primero en diciembre y después en abril de 1980 imponiéndole a la presidenta Gueiler su reposición en ese cargo, en contra del nombramiento del general Rubén Rocha. Todos los jefes de la guarnición militar de La Paz, ese 14 de abril, se habían trasladado en traje de campaña a la residencia presidencial y allí impusieron el retorno de García Meza al mando del Ejército, cargo que no le correspondía porque ya lo fue durante la masacre de Todos Santos en la que dirigió las acciones militares represivas.

La noche del 9 de abril detonó una bomba en la casa de Aníbal Aguilar Peñarrieta, abogado de la COB, y un mes después otro artefacto explosionaba en el “Lido Grill”, un restaurante en la plaza Pérez Velasco, matando a dos personas e hiriendo a varias.

El 28 de mayo, García Meza amenazó públicamente a Marcelo Quiroga vociferando ante la prensa que enjuiciaría a los acusadores del Gral. Banzer, y que a Marcelo “personalmente, lo pondría en su lugar”.

El 2 de junio, a las 11 de la mañana, apenas despegado el vuelo, la avioneta en la que viajaba Jaime Paz Zamora, candidato vicepresidencial de la UDP junto a cuatro dirigentes, se precipitaba a tierra en el altiplano, envuelta en llamas. Jaime no perdió el conocimiento con el golpe, ni la serenidad con el incendio; se abrió paso entre las llamas y salvó la vida en un hecho que, como nos dijo semanas después en una grabación magnetofónica, era un atentado terrorista que anunciaba los perfiles criminales de un golpe de Estado que no respetaría el resultado de las elecciones nacionales próximas. “Hay que preparar al partido, no solo para ganar las elecciones, sino para resistir y derrotar el golpe”, nos dijo Jaime, aún sin saber que el propietario de la empresa de la avioneta siniestrada era Luis Arce Gómez.

El 9 de junio, el Alto Mando Militar exigió públicamente la suspensión indefinida de las elecciones nacionales previstas para el domingo 29 de ese mes.

El 26 de junio, como a las 8 de la noche, una enorme multitud congregada en San Francisco, en La Paz, para el cierre de campaña udepista, al desconcentrarse se convirtió en una masiva marcha que alegre y victoriosa se dirigía al Prado. De pronto la alegría se transformó en dolor y caos porque una granada de fragmentación fue lanzada a la multitud desde un edificio, dejando dos muertos y varios heridos.

Nos equivocamos

De la instintiva e inmediata reacción de organizar el Conade después del horror de Espinal, pasamos casi sin respiro, en medio de las bombas, al puro entusiasmo electoral, mucho más si casi el 40% de los bolivianos votaría por nosotros el domingo 29 de junio. Nos equivocamos cuando creímos que el dato contundente de las urnas desarmaría a los golpistas.

Por eso, cuando ese 17 de julio llegué a la reunión del Conade en la COB, pasado el mediodía, sólo encontré desconcierto, temor y sangre.

El bus del LAB, que antes dejaba a los pasajeros en su oficina, llegó a la avenida Camacho a eso de las 11 a.m.. Miré mi reloj y pensé que me alcanzaría el tiempo para primero recoger de la guardería a mi hijo Juan, de dos años, dejarlo en casa y luego volar a la COB, ya que junto a Óscar Eid, delegado titular del MIR ante el Conade, yo era el delegado alterno. El tráfico, casi imposible al mediodía en el centro de La Paz, completó mi retraso.

Las ambulancias y los paramilitares ya no estaban en la COB, tampoco Marcelo Quiroga, Juan Lechín, Julio Tumiri, Carlos Flores ni una treintena de dirigentes políticos y sindicales que, ametrallada y rodeada la COB, habían sido apresados. Solo quedó, en una entrada lateral del edificio, el cuerpo de Gualberto Vega, valiente dirigente de Catavi acribillado en el primer momento del asalto paramilitar.

De todo ello me enteré ya adentro, luego de subir las gradas de madera donde estaba todavía fresca la sangre, después lo supimos, de Carlos Flores y de Marcelo, ametrallados a mansalva en pleno operativo.

Mucho después, investigamos que, una vez producidos los disparos en la COB contra Marcelo y Carlos, los asesinos se ensañaron con sus cuerpos para luego desaparecerlos. Marcelo, moribundo, fue objeto de inauditas torturas y vejámenes en el Estado Mayor del Ejército. Su valentía y brillantez resultaron insoportables para Banzer y García Meza. Hoy su memoria nos sigue reclamando el hallazgo de sus restos.

En la dirección del MIR habíamos convenido que, en caso de “emergencia”, nos reuniríamos en la oficina parlamentaria de la calle Oruro y no en la sede mirista de la Mariscal Santa Cruz donde, lo supimos después, nos esperaba otro grupo de paramilitares. La reunión fue rápida, la dirigió Pirulo, secundado por Pepe Reyes. Jaime Paz estaba curando sus heridas en EEUU, Toño Aranibar había dicho por teléfono que estaban pasando a la clandestinidad con Hernán Siles Suazo, luego que dejaran Palacio de Gobierno al mediodía, y supusimos que Óscar Eid estaba preso o muerto después del operativo de la COB.

Otros dos operativos criminales completaron la acción golpista ese jueves 17 de julio al medio día. Uno dirigido a radios y periódicos para acallarlos y otro que asaltó el Palacio de Gobierno apresando a los ministros y a la Presidenta Gueiler que fue encerrada en la residencia y obligada a renunciar en horas de la noche.

La resistencia

Ese mismo día, 17 de julio, empezó la resistencia. La COB y el Conade habían alcanzado a decretar la huelga general indefinida, pero solo los distritos mineros, encabezados por Siglo XX, donde estaba Artemio Camargo, resistieron heroicos durante 20 días todos los embates represivos. Cómo escribí después de algunos años: “Entre el 4 y el 6 de agosto, a 155 años de la independencia nacional, se levantaba la huelga general que en Siglo XX y en todos los distritos mineros se había decretado contra el golpe. Concluían 20 días que habían reafirmado la causa libertaria frente a los blindados, ratificando la decisión inquebrantable de vencer que tuvieron esos hombres, titanes de las minas. Ese 4 de agosto, mientras la ventisca de Siglo XX, Viloco y Caracoles guardaba bajo su manto blanco el último suspiro de los héroes, Artemio ocultando lo que parecían lágrimas, dio por concluida la huelga en Siglo XX”.

La dictadura se impuso, pero la resistencia continuó. El 15 de enero de 1981 fueron masacrados mis compañeros de la Dirección del MIR en la calle “Harrington”. Ellos muy jóvenes, luchadores valerosos, habían permanecido en el país dirigiendo la lucha clandestina. Estaban desarmados y fueron ametrallados por la espalda. El salvajismo y la cobardía de su asesinato fisuraron definitivamente al régimen. El 25 de febrero fue destituido Arce Gómez y el 4 de agosto renunciaba García Meza, acosados ambos por el repudio generalizado y la propia oposición castrense.

El 10 de octubre de 1982 otra vez se repletó San Francisco, Hernán Siles y Jaime Paz iniciaban el restablecimiento democrático.

Buscando justicia

El 16 de febrero de 1984, Antonio Araníbar, a nombre del MIR, leía en el Parlamento el Pliego Acusatorio que redacté a fines de 1983, iniciándose así el Juicio de Responsabilidades. Nueve años después, a las 7.30 de la noche del 21 de abril de 1993, en el Salón de Honor de la Corte Suprema concluyó la lectura de la Sentencia Condenatoria: 30 años de presidio para los asesinos y golpistas.

El 15 de marzo de 1995 en la madrugada, García Meza ingresaba a su celda en Chonchocoro, había llegado extraditado de Brasil donde fugó eludiendo el juicio. El 9 de julio de 2009 hacía lo propio Arce Gómez, también en Chonchocoro, luego de haber permanecido casi 20 años en celdas estadounidenses, por narcotráfico.

Se logró un pedazo muy importante de justicia, pero no se derrotó toda la impunidad dictatorial ni la barbarie.

Por eso hoy, a 40 años, está pendiente en la agenda democrática la continuidad de esa lucha que, como dijimos en el Alegato ante la Corte Suprema, solo busca la paz de la Justicia, impidiendo el olvido de los cobardes y evitando la venganza de los violentos.

El autor es abogado y político