Bolivia, entre la crisis política-sanitaria y el retorno a la legitimidad institucional

Las movilizaciones y bloqueos de caminos por sectores afiliados a la COB tienen por supuesto propósitos políticos y sociales, no podría ser de otra manera en una coyuntura de pugna política por el poder y de crisis social profunda por las consecuencias negativas de la pandemia, a la que suma una gestión de gobierno bajo un signo radical autoritario y de permanente improvisación en la gestión sanitaria.

Por un lado, la COB y sectores sociales contestatarios al régimen del interinato, articulados también al MAS, oponen una estrategia que puede ser entendida como de acción preventiva.

Una acción preventiva que parece anticiparse para evitar cualquier tentación, o potencial riesgo, de dejar sin efecto el actual proceso electoral y propiciar una nueva convocatoria que se oriente al realineamiento político-electoral del polo contrario al MAS y, a su vez, afectar o proscribir la candidatura de Luis Arce y David Choquehuanca que –hasta ahora– en todas las encuestas se encuentran con notable ventaja sobre sus inmediatos segundos.

Por otro lado, el curioso accionar del Tribunal Supremo Electoral presidido por Salvador Romero, al modificar de modo abrupto y unilateral la fecha de las elecciones para octubre –rompiendo lo que fue resultado de un tensionado acuerdo institucional– abre la agenda del descontento social y la acción política directa del bloque contestatario al interinato gubernamental, seguido de un mayor tensionamiento institucional entre los órganos de poder del Estado.

En ese escenario, el discurso político-sanitario y punitivo, tiende a articularse como pretexto para ganar tiempo, ensayar correctivos a la errática y fragmentada estrategia electoral del polo conservador, hoy representado en las candidaturas de Áñez-Doria Medina y extensible, con matices, a Carlos Mesa, pero a su vez sirve como plataforma discursiva del Gobierno, asociada a una evidente campaña política que usa la propaganda estatal y la oferta de bonos económicos, como base de concesión electoral a demandas de atención sanitaria y de comida de los sectores más vulnerables de la población urbana y rural.

Un tema no menos importante es la instalación de la violencia estatal cotidiana, la permanente amenaza de fuerzas represivas que ya son parte del discurso político-sanitario y punitivo como marca de un atrabiliario exceso focalizado entre sectores que rechazan la gestión sanitaria y política del Poder Ejecutivo y ahora la gestión del proceso electoral en manos del TSE.

En ese cuadro se forman las demandas de movilización social de la COB y del bloque encabezado por el MAS, movilizaciones que tienden a radicalizarse, por una parte, con el despliegue de fuerzas represivas y, por otra, en la medida que no se garantice institucionalmente la inamovilidad de las elecciones en octubre, como última fecha. Se trata, en definitiva, de presión social en busca de un escenario de acuerdos y entendimientos que contemplen la coordinación entre los órganos del Estado y, adicionalmente, con el resto de las fuerzas político-electorales incluyendo la garantía de todo el cronograma electoral y por el respeto a las fuerzas políticas con representación ciudadana.

La importancia de esta coyuntura, y eventuales acuerdos para el retorno concertado a la institucionalidad en la gestión electoral, es que puede abrir un ciclo de diálogo y concertaciones –inclusive después de las elecciones– sobre temas tan complejos como la estabilidad económica, el respeto a la gestión institucional del Órgano Electoral, las condiciones de las elecciones subnacionales, políticas sociales para encarar las consecuencias de la pandemia, etc.

Sin embargo, estamos ante dos juegos estratégicos claros y dos campos discursivos que se abren como dominantes, ambos sintetizan la coyuntura que se desarrolla entre la crisis política, la crisis institucional y la crisis sanitaria, ésta última como catalizador de posicionamientos gestionados, instrumental y punitivamente, en la narrativa gubernamental con clara vocación prorroguista, por un lado. Y, por otro, el social y político-institucional de las fuerzas que insisten en el retorno al camino de la legitimidad institucional democrática, que solo se resuelve votando en elecciones. Esa síntesis revela y prueba cómo lo democrático discurre como autodeterminación de los actores sociales con métodos de participación levantiscos, tan propios de la cultura política popular y ahora articulando una novedosa estrategia de acción preventiva.

El otro frente, caracterizado por el uso de fuerza desmedida y permanente amenaza como método de gobierno, muestra el rostro de la muerte y el miedo como razón de una visión primaria de la gestión estatal como fundamento que busca afianzar el proyecto restaurador, eso es lo que al final está en la escena de esta crisis política-sanitaria e institucional y el camino se bifurca hacia un acuerdo político-institucional o a la crisis generalizada.

El autor es abogado y docente universitario