El gobierno boliviano en la mira de organismos de DDHH

En menos de una semana, dos importantes entidades que velan por el respeto de los derechos humanos en el mundo: la Oficina del Alto Comisionado de las NNUU para los Derechos Humanos (Oacnudh) y Amnistía Internacional (AI) emitieron lapidarios informes sobre cómo está manejando este tema el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez.

No es casual que estos dos organismos internacionales se hayan sumado ya a otros dos informes como los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch; ambos también afirman que el Gobierno boliviano está violando flagrantemente los derechos humanos.

Para descalificar estos informes, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, salió al paso e invitó a la expresidenta chilena Michelle Bachelet –quien dirige la Oacnudh– a visitar el país para que sostenga su informe.

Pero parece que el ministro Murillo desconoce o no quiere aceptar que, para la elaboración de su informe, la Oacnudh desplegó en Bolivia una misión técnica para recabar información de primera mano sobre la situación de los derechos humanos, tras los fallidos comicios de octubre pasado.

Los técnicos (as) de diversas nacionalidades que conformaban esa misión participaron en la toma de decenas de testimonios en los lugares de los hechos. El equipo trabajó bajo el mandato global de la Oacnudh, con el apoyo de las propias autoridades bolivianas y de la Coordinadora residente de las Naciones Unidas.

En el amplio informe de la Oacnudh se detallan las graves violaciones de los derechos humanos por parte del Gobierno transitorio en el periodo mencionado.

Sobre los hechos que enlutaron a decenas de familias de Sacaba y Senkata, el informe sugiere que las fuerzas de seguridad del Estado utilizaron municiones letales para dispersar a los manifestantes.

Elementos materiales, como los cartuchos de munición usados y los impactos de bala en propiedades públicas y privadas, encontrados por Oacnudh donde ocurrieron los hechos, corroboran los relatos recogidos sobre el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad, señala el informe.

El Instituto de Investigaciones Forenses confirmó que el impacto de munición letal fue la causa de todas las muertes y varias de las lesiones en las protestas de Sacaba y Senkata. No hubo reportes de miembros de las fuerzas de seguridad que hubieran muerto o resultado heridos por armas de fuego durante esas protestas.

Por su parte, el Gobierno negó que las fuerzas de seguridad hubieran utilizado armas de fuego en esos lugares y afirmó que algunos de los manifestantes dispararon causando todas las muertes.

Las diferentes versiones de los hechos proveídas a Oacnudh por autoridades, víctimas y testigos revelan inconsistencias que deberían ser aclaradas exhaustivamente.

La Oacnudh señala que a la fecha no se ha responsabilizado formalmente a nadie por las muertes ocurridas durante las protestas en Sacaba y Senkata. Por lo que sugiere una investigación pronta, independiente, imparcial, transparente y eficaz que sería fundamental para determinar las circunstancias de las muertes y lesiones, e identificar a los autores materiales e intelectuales de esos actos y hacerlos rendir cuentas, de conformidad con las leyes.

En conclusión, la Oacnudh documentó que, en diversas ocasiones, la conducta del Estado ante la crisis transgredió los estándares internacionales de derechos humanos.

En tanto, Amnistía Internacional ha documentado violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis poselectoral en Bolivia, entre ellas la represión de manifestaciones y uso excesivo e innecesario de la fuerza, por parte de la Policía Boliviana y de las FFAA, en un informe que contiene recomendaciones para los candidatos en las próximas elecciones generales

En palabras de Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, “Bolivia enfrenta una grave crisis sociopolítica, que pone al país en una encrucijada. La única opción viable para salir de esta crisis es poner los derechos humanos de todas las personas en el centro de las respuestas. De lo contrario, se condena a la población, sobre todo a los grupos históricamente marginalizados, a una espiral de violencia y de continuas violaciones a sus derechos”.

En resumen, las entidades internacionales denuncian que el Gobierno transitorio está pisoteando y violando los derechos fundamentales de todos los bolivianos.

El autor es periodista