Institucionalidad erosionada
La crisis de institucionalidad en Bolivia, que parecía tener perspectivas de superarse hace nueve meses, se profundiza poniendo en riesgo la precaria paz social, en un momento extraordinariamente álgido marcado por la emergencia sanitaria de la pandemia, las dificultades económicas resultantes de la contracción mundial, agravado por las pugnas de poder entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, y la campaña electoral de la Presidenta-candidata.
En las primeras semanas de ejercicio del Gobierno transitorio, el descalabro institucional del Estado –heredado de los casi 14 años de gestión gubernamental del Movimiento al Socialismo– parecía poder ser superado por las perspectivas alentadoras que constituyeron la vigencia de la Ley del Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales, sancionada en la Asamblea Legislativa 11 días después de la asunción de Jeanine Áñez a la primera magistratura y la elección de un Tribunal Supremo Electoral conformado por personalidades de reconocido profesionalismo y probidad.
Hoy, esas perspectivas parecen haberse esfumado como lo evidencia el lugar que ocupa nuestro país en el Índice de Estado de Derecho 2020, que elabora cada año la organización The World Justice Project (WJP), y que nos coloca en los últimos lugares, de 128 naciones, en Bolivia ocupa uno de los últimos puestos, entre 128 países, en la confianza ciudadana respecto de su sistema judicial. Según el informe, en Bolivia, el Estado de derecho a menudo es eludido, el sistema en sí mismo es muy débil e ineficiente y la corrupción un problema constante.
Otra evidencia de lo que afirmamos es la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, de convocar, de oficio a una audiencia pública, sobre la “situación general de los derechos humanos en Bolivia”. La convocatoria de esa instancia se produce pocos días después de que la Oficina del Alto Comisionado de las NNUU para los Derechos Humanos (Oacnudh) y Amnistía Internacional (AI) emitieran lapidarios informes sobre cómo está manejando el respeto de esos derechos el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez.
A ello se suma el conflicto resultante de tres leyes promulgadas por la presidenta del Senado –al cabo del plazo constitucional para su observación o promulgación por parte de la Presidente transitoria– cuya vigencia está suspendida por la negativa del Gobierno de publicarlas en la Gaceta Oficial.
Para completar este panorama, la Presidenta-candidata aprovecha los actos oficiales del Gobierno para atacar abiertamente a su rival electoral más próximo –y que la aventaja en las preferencias de voto–, desafiando así las normas establecidas, ella, la primera mandataria del país.
