Feminicidio gota a gota: La pandemia antes de la pandemia

Los datos globales demuestran que la violencia contra las mujeres y su culmen que es el feminicidio –con sus especificidades– no son fenómenos exclusivos ni de data reciente, sino históricos y globales, no hay sociedad alguna donde pueda decirse que no existen muertes violentas de mujeres por razones de género, como si de denominador común se tratase. En el entramado patriarcal, la violencia feminicida es omnipresente, ubicua y sistemática.

Antes de la pandemia, con base en datos oficiales del Ministerio Público, desde la promulgación de la Ley N° 348, de 2013 a 2019, en Bolivia, 672 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Este año, hasta el 31 de agosto, se perpetraron 83 casos; una breve radiografía general de lo acontecido da cuenta que en el período comprendido entre el 1° de enero y el 23 de marzo, 31 mujeres fueron asesinadas. Durante el período de cuarentena rígida del 24 de marzo al 31 de mayo, se perpetraron 17 feminicidios y del 1° de junio al 31 de agosto, 35. En números absolutos los departamentos que registraron más casos este año son: La Paz (30), Santa Cruz (13), Cochabamba (12) y Oruro (11). Según la tasa de feminicidio por cada 100.000 habitantes, los departamentos con tasas más altas son: Oruro (2), Pando (1,3), Beni (1,25) y La Paz (1,02). Estos datos son contundentes y dolorosos, una sola muerte debería causarnos indignación y conmoción, por tratarse de una pérdida inconmensurable.

Preocupa además que el riesgo de feminicidio es cotidiano en la vida de miles de mujeres en el país. Del 22 de marzo al 23 de agosto de 2020, 10.081 delitos enmarcados en la Ley N° 348 fueron denunciados ante el Ministerio Público, de éstos, 8.088 corresponden a denuncias por violencia familiar o doméstica (Art.272 Bis.), datos que confirman que el hogar es el lugar más letal para las mujeres, ya que si bien, la violencia está en todos los ámbitos y en todas las relaciones, la convivencia e intimidad propia del escenario de las relaciones de pareja y familiares, se constituye en un espacio ideal para el control por parte de los agresores.

Considerando que, antes de la pandemia, aproximadamente 7 de cada 10 feminicidios en Bolivia eran perpetrados por hombres con los que las víctimas tenían o tenían un vínculo íntimo, era lamentablemente previsible que la convivencia obligatoria en confinamiento iba a suponer un mayor riesgo para las mujeres en situación de violencia, puesto que han tenido que vivir 24 horas diarias bajo la vigilancia tenaz y constante de sus agresores, que no han necesitado esfuerzos adicionales para aislarlas.

Además, se ha incrementado la dificultad para que ellas puedan solicitar ayuda externa y realicen denuncias ante las instancias llamadas por ley, que se han visto mermadas por la priorización de otros servicios relacionados con la pandemia de Covid-19, develando los ya existentes problemas estructurales en cuanto a la prevención, atención, investigación y sanción de estas violencias y confirmando la precarización de la justicia, la ausencia de voluntad política, inacción e indiferencia del Estado boliviano.

Es preciso entender que el feminicidio es la expresión de la subalternidad extrema de las mujeres, es el epílogo de una espiral de desigualdades y violencias múltiples e interconectadas sobre los cuerpos feminizados. Las violencias, desde las más sutiles y difíciles de percibir hasta las más encarnizadas, están interrelacionadas, es por ello, que los asesinatos de mujeres en Bolivia son muertes lentas y anunciadas, feminicidios gota a gota.

Conjuntamente con otras formas de agresión, la violencia feminicida ha recrudecido. A las niñas y mujeres asesinadas se les ha amputado la posibilidad de vivir una vida digna, la posibilidad de ser y estar en el mundo. Sus vidas y cuerpos han sido considerados prescindibles y desechables. Los feminicidios no son cifras, son muertes evitables que no debieran existir.

La autora es pedagoga social