Incendios forestales y leyes “incendiarias”
Medio millón de hectáreas arrasadas por el fuego en pocos días –“de paja seca, muy poco bosque”, según la Ministra de Medio Ambiente y Aguas–, 19 incendios activos en el departamento de Santa Cruz, 32.086 focos de calor en todo el país y sólo en las dos primeras semanas de septiembre, y más de dos millones de animales en riesgo de muerte por las llamas y el humo son las cifras de una emergencia cuya magnitud no parece alarmar demasiado a las autoridades del Gobierno transitorio.
Durante el mes de agosto, se registraron en Beni, Santa Cruz, La Paz, Pando y Cochabamba cerca de 42.000 –en julio fueron 21.700– focos de calor, la mayor parte de ellos en territorios catalogados de alta vulnerabilidad. Y el número de los incendios contabilizados entre el 1 y el 13 de septiembre superan en un 63% a los del mismo período del año pasado.
Es cierto que la dimensión actual de los incendios forestales y de pajonales secos no es comparable, por su magnitud, con la catástrofe medioambiental que sufrió Bolivia el año pasado en esta misma época, cuando el fuego devastó cerca de cinco millones de hectáreas, casi todas en la Chiquitania.
A principios de septiembre de 2019, el fuego ya había devorado 2,5 millones de hectáreas de bosque seco, constató ayer la Ministra de Medio Ambiente. La comparación es conveniente, sobre todo cuando la acción gubernamental respecto a la amenaza real que representan los incendios se limita a “impulsar un plan para sofocar los incendios”, como declaró la misma autoridad.
La necesidad de acciones de urgencia para controlar los incendios es evidente, tanto más cuanto este año se ha presentado una de las peores sequías de las últimas cinco décadas tanto en el chaco boliviano como en el Pantanal.
Pero esa urgencia estaba anunciada hace meses, en febrero, cuando colectivos indígenas de la tierras bajas y activistas medioambientales comenzaron a reclamar, a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Gobierno transitorio, la abrogación de las leyes –sancionadas en los últimos años por las bancadas del MAS y de Demócratas– y del decreto promulgado por Evo Morales a principio de julio de 2019 cuya vigencia fomenta el uso del fuego con el fin de habilitar tierras para la agricultura y la ganadería.
Los pedidos para la abrogación de ese paquete de medidas legales calificadas de “incendiarias” se repitieron durante los meses pasados y solo consiguieron la indiferencia coincidente del Ejecutivo y del Legislativo. Ahora, la amenaza de los incendios es real y demanda une acción urgente del Gobierno.
