Voluntad de reformar el Órgano Judicial
Los anuncios y críticas formulados por el Ministro de Justicia en la semana que termina son una señal alentadora de la voluntad gubernamental de ocuparse de poner orden y aplicar reformas en el Poder Judicial.
Se trata de una tarea tan urgente como necesaria, debido a la versatilidad de los jueces y fiscales, que acomodan sus decisiones de acuerdo a las presiones políticas –“su camiseta (pasa) de azul a verde y luego nuevamente azul”– como lo dijo el propio Ministro. Pero ese es solo uno de los aspectos que configuran la imagen que tiene la ciudadanía de ellos. Una imagen determinada por la experiencia de tener la necesidad, o la obligación, de acudir a los tribunales. O por las noticias respecto de casos célebres, como el del médico sentenciado a reclusión por unos jueces que sabían de su inocencia y que se hizo público por la infidencia de una de las juzgadoras que habló del asunto en estado de ebriedad.
Y esa percepción ciudadana, que coloca a la administración de justicia como la menos merecedora de confianza entre todas las instancias del Estado, ha sido corroborada por varios estudios. El último de ellos, el Índice de Estado de Derecho 2020, que elabora cada año la organización The World Justice Project (WJP) coloca al sistema judicial de Bolivia en el puesto 121, de 128 países, en lo que respecta a la confianza que le otorgan los ciudadanos.
Según ese informe, en Bolivia, el Estado de derecho a menudo es eludido, y el sistema en sí mismo es muy débil e ineficiente. La corrupción y la falta de transparencia son un problema constante y de acuerdo con los criterios de ausencia de corrupción, el país ocupa el lugar 124.
“Hemos llegado a algunos acuerdos con el Órgano Judicial, el Ministerio Público y el colegio de Abogados, creo que esta reforma, que siempre se ha anunciado, va a ser una reforma para la que se está tomando mayor nivel de coordinación (con) cinco leyes de emergencia que ha propuesto” el Ministerio de Justicia, anunció su titular.
A esa iniciativa le precedió una llamada de atención al Consejo de la Magistratura que tiene pendiente la designación de 150 jueces, origen de la retardación de justicia. Un problema para el que, según el Ministro, existen dos posibles soluciones: “incrementar el número de consejeros o suprimir el Consejo de la Magistratura; es así de drástica la necesidad que tenemos de que funcione la justicia”.
La firmeza del Ministro tuvo sus inmediatos resultados: el Consejo de la Magistratura determinó cubrir los 151 cargos acéfalos de jueces con la designación de los egresados de la Escuela de Jueces del Estado.
Es un comienzo alentador en el camino de enderezar una de las instituciones más controvertidas y desacreditadas del Estado.