“Justicia” con presupuesto miserable

Ninguna reforma judicial será posible sin recursos, y ésta es otra de las carencias centenarias de nuestra justicia casi miserable, con pocos jueces y fiscales mal pagados, hacinados en las capitales de departamento, pero ausentes en la mayor parte del territorio nacional; y con un manejo improvisado y casi discrecional de su escaso presupuesto.

Los datos del Presupuesto General del Estado (PGE) 2020 dan cuenta de que al Órgano Judicial se le asignaron 1.092 millones de Bs. de los 211 mil millones de Bs. que es el total del PGE, o sea que al Poder Judicial, que debe impartir justicia a todos los bolivianos, se le asignó apenas el 0,51%. Ni siquiera se llega al 1% para toda el área de Justicia ya que, incluyendo al Ministerio Público y al ministerio del ramo, lo asignado es de 1.400 millones de Bs., con lo que se alcanza apenas al 0,6% del mismo PGE.

Esta asignación presupuestaria, además de paupérrima es absurda si vemos que el presupuesto tan sólo del Ministerio de Gobierno –de 3.900 millones de Bs.– más que triplica todo lo asignado al Poder Judicial y a la administración de justicia.

Según datos de este año, son menos de 1.100 jueces y no más de 550 fiscales para atender a 11,6 millones de habitantes. Los sueldos de esos funcionarios, salvo los de las máximas autoridades, no corresponden a la responsabilidad de administrar justicia e, incluso, para los que están en la base, son casi una invitación a los sobornos. Y eso que más del 70% del presupuesto judicial está destinado a sueldos y salarios.

Solo el 9% de los recursos judiciales se invierte en infraestructura y equipamiento, por lo que esa infraestructura es deplorable en las capitales de departamento y casi inexistente en provincias. Y la situación es peor cuando se trata de tecnología y medios de trabajo. El hacinamiento y la precariedad de todas las oficinas (incluyendo los denominados "palacios") es alarmante, por lo que en nuestro país es casi imposible pedir que se "administre justicia" con eficiencia en condiciones tan penosas.

Y para completar el cuadro, también es precaria la capacidad de gestión administrativa en la elaboración y ejecución de las políticas y de los presupuestos que, con mucho, atienden los requerimientos de partidas básicas, sin posibilidad alguna de formular planes de fortalecimiento y proyección institucional y menos estrategias para la transformación de la gestión y del servicio judicial.

Con la creación del Consejo de la Judicatura, en 1997, se intentó racionalizar la administración de los recursos y el propio “gobierno judicial”, a partir de una visión gerencial de los mismos, que no debe estar en manos de los jueces que solo tienen que administrar justicia y no dineros públicos, pero con la Constitución de 2009 se retrocedió creando la Dirección Administrativa y Financiera enteramente dependiente de los jueces supremos, dejando al Consejo de la Magistratura solo las labores de "control y fiscalización".

Entonces, está claro que, además de carencia de recursos, no contamos con una administración autónoma que debería corresponder a políticas integrales de gestión y administración judicial. No se publican ni conocen inventarios, ni diagnósticos oficiales de la situación "material" del Órgano Judicial y menos una política de corto y mediano plazo para encarar sus graves deficiencias y, especialmente, para atacar la enorme retardación de justicia y modificar la gestión del trámite judicial que, al menos, debería medir la eficiencia de los operadores de justicia, cuantificando los procesos, su duración y, sobre todo, verificando la calidad de fallos y sentencias.

Una de las pocas conclusiones prácticas de la “Primera Cumbre de Justicia”, de 2012, fue requerir al nivel central del Estado al menos un 3% del presupuesto nacional, aunque el Consejo de la Magistratura nunca desarrolló el requerimiento con el plan de "inversión" respectivo. Al parecer se trató de un tímido pedido a "ojo de buen cubero" y por lo tanto sin destino cierto, ya que en otra “cumbre”, el año 2017, se archivó la propuesta de incremento presupuestario, mientras que el "Plan Sectorial 2013-2025", elaborado por el Ministerio de Justicia, omitió referirse a la insuficiencia crónica del presupuesto, planteando en su lugar que la ampliación de la infraestructura judicial sea asumida por gobernaciones y alcaldías…

Un "Plan General” de gestión, administración y gobierno del Órgano Judicial es imprescindible, pero no tendrá sentido si no se le asigna una partida mínima en el PGE que lo sustente, junto con su manejo y administración autónoma a cargo de un verdadero Consejo de la Magistratura.

Un 5% del PGE podría ser un mínimo con el que se encaren planes de corto y mediano plazo; partida presupuestaria que deberá ser inscrita en la Constitución para desterrar las manipulaciones y condicionamientos desde el poder central.

En los últimos días, no sin razón, el Ministro de Justicia, ha emprendido una acción contra los tres consejeros de la Magistratura para que renuncien por “incumplimiento de deberes”. Ojalá que lo hagan, pero igual renuncia debería pedirse a toda la cúpula judicial ilegítima porque todos perdieron la votación de 2017, donde ganó el 60% de los votos blancos y nulos; y porque todos ellos en estos tres años también “incumplieron sus deberes”.

Pero con presupuestos miserables, cualquier cambio de magistrados será sólo reiteración de demagogia e incluso de autoritarismo.

El autor es abogado y político