Respeto a las FFAA

Un Gobierno, sea de la tendencia que sea, solo tiene que cumplir y hacer cumplir lo que dice la Carta Magna respecto de las Fuerzas Armadas. Ni más ni menos. Ni darle una preponderancia que vaya más allá de sus atribuciones constitucionales ni tampoco manosearlas y encomendarles funciones subalternas y denigrantes que no les corresponde. Por ejemplo, la institución “no delibera” (Art. 245), pero eso no es motivo para que personajes ajenos a las FFAA deliberen por ella, a sus espaldas, como hemos visto en los últimos 15 años. “No realiza acción política” (Art. 245), pero Evo Morales llevó a los altos mandos del Ejército a tratar de incorporarlos como parte de una cédula del MAS, en línea con su perturbado pensamiento.

Desde octubre de 2003, cuando tropas militares salieron a las calles para detener el golpe contra Sánchez de Lozada y dispararon contra los alzados, lo que fue deplorado por la población, las FFAA se replegaron a sus cuarteles y quedaron inermes ante la justicia ordinaria (no ante tribunales militares) y sus jefes fueron a parar a prisión sin que valiera el argumento de haber cumplido órdenes superiores. Peor aún, sin que ninguno de los sujetos levantados contra el régimen legal fuera citado a declarar por la barbarie que cometieron en El Alto y en otras zonas del país. Si hubo excesos militares y se castigaron debió castigarse, igualmente, a quienes provocaron esos desórdenes. No se puede olvidar que las FFAA tienen como misión principal “asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido”, (Art. 244).

Haber obligado a las FFAA a saludar con la expresión guevarista de “Patria o Muerte: ¡Venceremos!”, fue un insulto a la institución armada y extrañó que ningún alto jefe le hubiera reclamado nada a Evo Morales, que, además, rendía honores al guerrillero argentino olvidando a su propio y victorioso Ejército. Hubo que reconocer que el comando le tuvo miedo al régimen y resignadamente se tragó la afrenta. Modificar los uniformes con símbolos ajenos a la Institución fue deplorable; que los comandantes lucieran ponchos rojos para agradar al poder fue detestable; como bochornoso fue ver a los cadetes del Colegio Militar y a los soldados desfilando al lado de los “movimientos sociales” y de las “bartolinas”, que se traducía en una mezcolanza de vestimentas y pasos, que angustiaba de solo observarlo. Se ignoró olímpicamente eso de que la Fuerza Armada se conduce internamente y que “está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares” (Art. 245). Hasta en el delicado aspecto de los ascensos a generales, la Asamblea masista no quiso dar curso a la propuesta de ascensos presentada este año de acuerdo a méritos de los postulantes. La falta de consideración y el irrespeto al Ejército fue total durante tres lustros.

Con la insurgencia nacional que de manera pacífica se inició en Santa Cruz en octubre del año pasado, y una vez que Morales huyó a México, sus partidarios, abandonados, decidieron detener el legítimo tránsito constitucional al poder de la señora Jeanine Áñez y produjeron desmanes en El Alto y en la ciudad de La Paz. El Ejército y la Policía actuaron en Senkata, debidamente autorizados por la Presidente, porque las turbas pretendieron hacer volar a punta de dinamitazos las instalaciones de YPFB –que proveen de gas licuado y gasolina a la sede de gobierno–, cuya explosión hubiera producido una terrible mortandad. Además, la poblada provocó incendios en las viviendas de conocidos ciudadanos y de la propia alcaldesa alteña. De igual manera, en Sacaba, columnas de cocaleros trataban de abrirse paso hacia la ciudad de Cochabamba y debieron ser detenidas por el Ejército para evitar enfrentamientos con los pobladores. Creemos que era lo lógico: quienes estaban llamados a detener a los revoltosos eran los militares y no los civiles.

Un año después, cuando el MAS vuelve a asumir el poder, intenta amedrentar a las FFAA hablando de la conveniencia de crear milicias populares, que serían más leales al poder. Y recurre a su justicia puesta a dedo para imputar por “asesinato” al general Alfredo Cuéllar, por los hechos de Sacaba, anunciando nuevos procesos, algo que huele más a venganza que a legalidad. La idea de que las FFAA solo tienen que mirar en silencio los desmanes que producen los sediciosos y no utilizar sus armas en ningún caso es un absurdo total, porque la Constitución les ordena defender el bien común y no ser guardia pretoriana para proteger al mandamás de turno.

El autor es escritor