La economía en declive y la falsa reactivación
Al segundo trimestre de este año el crecimiento del PIB boliviano alcanzó los -11,11%, el tercero a nivel regional, después de Perú (-17,27%) y Argentina (-12,55%), le siguen casi tres puntos porcentuales por debajo o más: Colombia, Chile, Uruguay y Brasil. Sin embargo, el Índice de Actividad Económica en julio y agosto muestran una lenta recuperación, y a septiembre se marcó una tasa negativa de -10,40%.
Al tercer trimestre, el crecimiento continúa negativo, por lo menos en actividades como la minería (-36,46%), la construcción (-35,82%) y transporte y almacenamiento (-20,61%). Es claro que a medida que la actividad económica se “normaliza” la economía reaccionará, dependiendo de dos factores de importancia: la afectación o destrucción del apartado productivo ocasionado por la pandemia; y la estructura y composición de la red empresarial, pública o privada. Sin embargo, todavía su capacidad de reacción y sus posibilidades o limitaciones, estarán determinadas por la presencia del virus, y, ojalá, la acción del Estado.
En realidad, el segundo aspecto citado está relacionado a la capacidad de resiliencia de la actividad económica, que podemos asociar a: la fortaleza de las empresas (capacidad financiera, tecnológica, tamaño de mercado, dependencia a insumos y tecnología) y a la cantidad y rubro de empresas existentes. Estos dos aspectos, además están relacionados con el ambiente empresarial, incluyendo incentivos gubernamentales: como pago de impuestos, facilidad de trámites, exenciones impositivas, pago de permisos y patentes, disponibilidad de créditos y seguridad jurídica en general.
Con datos de Fundempresa, a septiembre de 2020, 1.207 empresas cancelaron matrícula de comercio, cuando en igual periodo del año pasado sólo lo hicieron 254. Asimismo, las nuevas inscripciones disminuyeron en un 31%, de 14.628 a 10.097 compañías en el mismo periodo de comparación. Según Los Tiempos, en una publicación del 5 de septiembre, al menos 741 empresas cerraron en el país durante el primer semestre de 2020, lo que representa un incremento del 179% con relación al año pasado.
Por el lado de los más pequeños, el presidente de la Conamype afirma que el 69% (450 mil) de 650 mil microempresas en el país está en quiebra, siendo que sólo el 15% de las empresas son medianas o grandes.
En cuanto al tamaño y cantidad de empresas en Bolivia, sabemos que casi un 80% de las mismas son unipersonales (Fundempresa), y que, si descontamos estas del total, nuestro país cuenta con cinco empresas cada mil habitantes; una cifra deprimente en el mundo. Por otro lado, las sociedades anónimas (medianas y grandes empresas), no llegan ni al 2% del total de las existentes en el país. Por supuesto, este panorama también deprimente, no incluye las cifras de microempresas citadas arriba, ya que todas son informales.
Respecto al ambiente empresarial, sabemos que a nivel mundial Bolivia ocupa el puesto186 de 189 respecto de la Facilidad para el Pago de Impuestos. Asimismo, ocupamos el puesto 173 de 180 países, con una clasificación de “libertad reprimida” calculada por el índice de Libertad Económica. Por último, Bolivia ocupa el puesto 123 de 180 países respecto del Índice de Percepción de Corrupción. Sin duda, el ambiente empresarial se convierte en una de las barreras más importantes que el emprendimiento privado debe superar.
El Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad) menciona en una publicación que necesitamos un tejido de conexiones socioeconómicas más tupido y efectivo para reducir los costos de búsqueda de información, conocimientos y contactos, así como otros aspectos más. En realidad, mi hipótesis es que nuestros mercados son muy ineficientes y poco desarrollados, por lo que se convierten en una verdadera barrera para los emprendimientos nuevos y existentes.
Lo cierto es que la política económica del MAS se enfoca en un Estado regulador, interventor y productor, y esta misma fue refrendada por las últimas medidas para la reactivación económica.
Se creó un primer fondo de 130 millones de dólares aproximadamente, destinado a créditos para inversión y costos de operación, para cualquier empresa con NIT, grande o pequeña, a una tasa de 0,5%. Hasta 2019 había un poco más de 327.000 empresas, de las cuales, si acceden a este crédito un 10% de las mismas, o sea, 30.000 empresas, cada una podría recibir sólo 4.000 dólares de crédito a 10 años plazo. Por eso este nuevo programa de créditos parece realmente insignificante. De todos modos, si suponemos que estas 30.000 empresas son salvadas de la quiebra, este crédito podría estar preservando 150 mil empleos.
Por otro lado, el Gobierno creó un fideicomiso de 500 millones de bolivianos para capital de operación de empresas estatales, aunque su déficit acumulado supera los 1.000 millones de dólares. De 28 empresas estratégicas del Estado, 16 presentan déficit, por lo que cada una podría recibir un poco más de cuatro millones de dólares. Si esta ayuda es efectiva, se podría estar preservando unos 3.000 empleos.
Con esta cruda realidad, debemos preguntarnos si la reactivación económica que buscamos es sólo una medida para la foto o realmente creemos que la base productiva privada es la base de un crecimiento sostenible. Si continuamos con la misma política de hace 14 años, seguiremos derrochando el dinero de los bolivianos, sin generar empleo y alimentando sólo la ineficiencia de empresas estatales que no dan, ni empleo ni beneficios. Cambiemos la visión de desarrollo y este modelo equivocado, ¡ya!
El autor es economista
