Política: Democracia y violencia

A muchos nos ha sorprendido la violencia desatada por una turba en el asalto al Capitolio de EEUU. Es que hace ya más de un siglo, luego de una muy cruenta guerra civil en ese país, no hubo hechos comparables a lo que sucedió. Pareciera que hubo contagio con la conducta de las hordas que siempre aparecen en nuestra América Latina, provocando disturbios, muchas veces con víctimas y destrucción. En Washington, la poblada que intentó oponerse a la certificación congresal del resultado de las últimas elecciones, no prosperó. La legalidad se impuso, y ya hay un presidente electo reconocido.

Mientras las noticias sobre lo sucedido en EEUU eran ampliamente difundidas, en Bolivia había intentos violentos de ocupar algunas instituciones, exigiendo que los actuales funcionarios renuncien a sus cargos en favor de militantes del partido oficialista. “Hemos ganado las elecciones y eso nos da derecho a desempeñar cargos en la administración pública”, es el argumento. Y, en un caso, ya tienen el nombre de quien escogieron para dirigir una de las reparticiones públicas

Se olvida –o se ignora– que “La administración pública comprende el conjunto de órganos del sector público conformados para realizar la tarea de administrar y gestionar organismos, instituciones y entes del Estado”, (Manuel Fortún, en economipedia.com), es decir que no se trata de un botín. Pero en nuestro país aún no funciona la democracia, que no se limita a elecciones. Quien ejerce el poder frecuentemente reemplaza a los funcionarios con militantes que han hecho méritos en campañas o revoluciones.

Lo anterior viene junto a la violencia, cuando los obstinados no obtienen lo que piden; es que confían en la impunidad por los desmanes que ocasionan. Se dirá que esa demanda corresponde al derecho de petición. Pero no corresponde cuando se contradice el postulado de la Declaración Universal de Derechos Humanos que “Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país” (Art. 21). Esto supone que no debe predominar la afiliación partidaria como exigencia para desempeñar un cargo público.

La constatación de que, en el pasado reciente, en Bolivia se exigía la afiliación al partido gobernante, para desempeñar una función en la administración pública, no es una justificación aceptable, ello solo es una característica de los regímenes despóticos. Por supuesto que ahora se tiende a esa clase de régimen, como lo anunciara el actual Presidente en su campaña electoral, en sentido de que nos dirigiremos a un sistema, como el castrista en Cuba, donde todos los funcionarios públicos están afiliados al partido gobernante.

Por otra parte, la ONU, que aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, decepciona cuando en su Consejo de los Derechos Humanos, se incorporan a países con regímenes que violan las libertades democráticas. Aquí se presenta un caso curioso, se acepta como miembro de ese Consejo a Arabia Saudita que, a tiempo de aprobar la Declaración mencionada, se abstuvo junto a la Unión Soviética. Esto parece que ya es una norma basada en el despotismo.

Sir Winston S. Churchill, afirmó: “¡La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos las demás!”. En esos “demás”, están los violentos.

El autor es exembajador de Bolivia