¿Diferimiento o bloqueos?
A dos meses y cuatro días de inaugurado su mandato, el Gobierno encara el primer conflicto social de alcance nacional y cuyo impacto se amplifica en el contexto de las crisis resultantes de la segunda ola pandémica de Covid, las consecuencias económicas de la contracción mundial y de las restricciones que fueron necesarias el año pasado para mitigar la expansión de los contagios, la presión de algunos sectores que exigen un nuevo confinamiento con el mismo propósito y las complicaciones de esa medida, al parecer inevitable, en la perspectiva de las elecciones subnacionales previstas para el 7 de marzo.
Los transportistas de todo el país –apoyados por una media docena de sectores, incluida la COB– exigen al Gobierno decretar la suspensión, por seis meses, del pago de sus deudas bancarias. Para lograrlo, ejecutaron ayer un paro nacional instalando “más de 270 puntos de bloqueo” en rutas y vías públicas de todos los departamentos. Y amenazan con repetirlo, por 48 horas y luego por 72, hasta llegar al tiempo indefinido, medida extrema que los choferes cruceños ya decidieron aplicar.
El Gobierno negoció con la dirigencia del sector, intentó convencerlos de los beneficios de las medidas dispuestas la semana pasada y que otorgan un periodo de gracia de cuatro meses para la reprogramación y/o diferimiento de créditos con cuotas diferidas. “Y en función de la evaluación con la entidad financiera, acordar un plazo mayor”, explicaba la Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros.
Pero eso no satisface a los transportistas. “Hemos pedido seis meses (de diferimiento) y seis meses queremos”, proclamaba ayer, en Santa Cruz, uno de sus dirigentes.
Para los bancos, “Lo que hacen los diferimientos es ahondar en esa crisis. La ruptura de la cadena de pagos, rompe con ese círculo virtuoso que tiene la intermediación financiera de captar recursos para colocarlos en créditos y beneficiar a la actividad económica”, constataba el Secretario Ejecutivo de Asoban. El Gobierno coincide con ese análisis.
Además, los últimos días de diciembre, el Ejecutivo instruyó a las entidades financieras capitalizar el 100% de sus utilidades netas de 2020, es decir, les “prohibió pagar dividendos a sus socios o accionistas”, en palabras de un economista. Ese antecedente permite inferir que el Gobierno no está dispuesto a imponer nuevas medidas que afecten la dinámica de ese sector.
Así, con la amenaza de un paro escalonado que paralizaría el país y una exigencia de muy difícil satisfacción, el Gobierno se reúne esta tarde con los transportistas para “seguir afinando algunos elementos que van a reforzar con toda seguridad la propuesta que están esperando”.
El desenlace de este conflicto será una señal clara de cómo el Gobierno entiende conciliar la economía con las presiones sociales.
