Los usos de la judicialización de la política

La judicialización de la política es una estrategia de descalificación del adversario, excesivamente usada por el MAS –aunque no es su invento–, que consiste en utilizar el Ministerio Público, el Órgano Judicial o el Tribunal Constitucional: para fortalecer la imagen de algún político o de su partido; para desacreditar a otro político o a su partido; para respaldar/validar una decisión política con un fallo judicial; para hacerle creer al “público” que no es una decisión de alguna reunión política sino de un juez; para “meter miedo” a quien se atreva a resistirse al “control total del poder”; para “escarmentar” al adversario –considerado enemigo–; o para lograr todo lo anterior.

Pongamos un ejemplo ficticio: un candidato con opciones de ganar es acusado por un delito de corrupción ante el Ministerio Público; la denuncia tiene un gran show mediático; se admite y se inicia un proceso; los “operadores de justicia” están parcializados y hasta levantan el puño; el proceso nunca llega a su fin; el adversario se pasa la vida pagando abogados y asistiendo a audiencias que siempre se suspenden; se desgasta, se rinde o desaparece. El MAS ha implementado diversas modalidades:

1) Fundir al adversario con una denuncia; meterlo a la cárcel aun sin proceso judicial; promover un proceso oscuro y manipulado que determina una sentencia decidida por una cúpula partidaria y no por un juez. Un ejemplo es el caso de Leopoldo Fernández acusado por genocidio que nunca se probó, pero lo neutralizaron.

2) Fundir al adversario con un montón de procesos en diferentes lugares para que se pase la vida va y viene hasta que reviente. Un muy lamentable ejemplo son los 76 juicios a José María Bacovic, que le quitaron la vida. Persiguieron a un hombre muy respetado para, a través de él, descalificar al “pasado”, sembrar miedo.

3) Presionar al adversario para que se cuadre ante el Gobierno; para que baje el tono; o para que retire una candidatura, si no quiere que se ejecute algún mandamiento de aprehensión en su contra por alguno de los múltiples procesos; o algún mandamiento de aprehensión en contra de alguno de sus parientes. Conozco varios ejemplos, uno muy llamativo en Tarija, durante el periodo preelectoral 2015; otro muy obvio en Santa Cruz después del caso “Terrorismo”.

4) Presionar al adversario para que sea candidato y así parta el voto de la oposición, de lo contrario, lanzar las denuncias o avanzar sus procesos. Apuesto a que ustedes tienen varios ejemplos en su memoria y saben por qué, al fin y al cabo, algunos nunca se retiran ni quieren alianzas, aunque saben que no tienen opciones de ganar.

5) Cuando el adversario puede ganar una elección a pesar de tener múltiples denuncias, pueden optar por una modalidad adicional: pactar con él por debajo del mantel para cogobernar cuando gane, repartir las pegas y hacer negocios, a cambio de “hacer dormir” o extinguir los procesos judiciales. Me han dicho que dos o tres candidatos están en tal situación. Los reto, a ustedes, a que descubran quiénes son esos que tienen muchos procesos y a pesar de ello pueden ganar.

Seguro que existen más modalidades y ejemplos. En los hechos, uno de los problemas mayores es que cuando se hacen las denuncias no sabes si en realidad cometieron tal delito y los pillaron, o solo los denuncian sin pruebas para producir una “muerte civil” a través de la acción mediática.

Me imagino que no todos son muy santos, pero seguro que no todos son culpables. La judicialización de la política engordó los bolsillos de muchos jueces y hasta les dio cargos en el Servicio Exterior, pero también contribuyó a profundizar la crisis de la política. El que más y el que menos, y de todos los colores, casi todos los políticos tienen procesos judiciales en su contra. Entonces, los niveles de credibilidad y respeto a las autoridades son gradualmente menores. Peor aún, cuando algunos ciudadanos tienen prontuario antes de ser políticos y ser candidatos, eso no es una traba para su inclusión en alguna lista de candidatos.

Más grave: cuando son realmente culpables, prefieren negociar con ellos en lugar de encarcelarlos, pero también es muy triste que la gente que conoce de algunos delitos no los denuncie por temor a las represalias y a la persecución.

Para terminar el lamento, una investigación sobre los asambleístas plurinacionales de la anterior legislatura en seis departamentos, dio por resultado que más del 20% de los honorables, tenían denuncias penales.

La autora es analista política