Un reto latinoamericano

“Los adultos jóvenes y de mediana edad en América Latina y el Caribe tienen una mayor probabilidad de morir o enfermarse gravemente de Covid-19, que sus pares en regiones más desarrolladas, incluso cuando los riesgos para otros grupos de edad son más similares”.

Con este alarmante párrafo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó en diciembre pasado el estudio de Chauvin, Fowler y Herrera (2020). En este, los autores presentan considerables diferencias entre vivir la pandemia en México o Colombia, frente a países como Canadá.

Para entender esta inequitativa relación, se plantean tres factores del contexto latinoamericano (también observables en la realidad boliviana): 1. las características del entorno de los afectados, como el hacinamiento en las casas y la economía informal; 2. el limitado acceso a centros de salud y a cuidados intensivos; 3. las condiciones de salud preexistentes de la población impactada por el virus.

Este planteamiento coincide con otras investigaciones, como las de la universidad de Oxford (2020), que concluyen: la pandemia del Covid-19 es global, pero sus efectos dependen de los contextos particulares y las condiciones previas a la emergencia sanitaria.

Por ello –y por los difíciles episodios del inicio de este 2021 en relación a la pandemia–, es preciso insistir en la pregunta: ¿cómo mejorar las condiciones de salud en nuestra región?

Ciertamente, esta es una interrogante compleja con una variedad de potenciales respuestas. Una de las más importantes se focaliza en la responsabilidad del aparato estatal. Entre sus múltiples funciones, la máxima estructura política de una sociedad tendría que trabajar en el respeto a la institucionalidad pública y en su capacidad para ejecutar acciones en función de las demandas sociales.

Sobre el primer elemento, es preciso entender que la institucionalidad pública está relacionada con la capacidad del Estado para administrar responsablemente las tareas que le competen, en función del bien común, de la sociedad en su conjunto. Asimismo, implica respetar las instituciones que representan al colectivo social por encima de los beneficios particulares.

¿Cuántos ciudadanos latinoamericanos hoy pueden afirmar que sus Estados velan más por el colectivo que por el beneficio de un partido o de un grupo de actores?

Probablemente, los uruguayos levanten la mano. Acorde al informe de Transparencia Internacional (2020), Uruguay es el país latinoamericano con la mejor evaluación de transparencia institucional en 2020, un año que se caracterizó por el inicio de la pandemia de Covid-19 y los presuntos casos de corrupción en relación a la misma, como el de los respiradores en Bolivia.

La relación de corrupción y crisis sanitaria no es reciente. Pero sí prevalece una condición de la misma: los países que tienen adecuados y accesibles sistemas de salud tienen menos probabilidades de tener casos de corrupción en ese ámbito. No por nada, Uruguay también se destaca entre los países latinoamericanos por su importante inversión en salud pública.

Este es el segundo punto que los Estados de la región tendrían que considerar para mejorar las condiciones de salud de la población: la formulación e implementación de políticas públicas. Estas deberían incluir una considerable inversión en el sector salud para responder a las demandas de la ciudadanía y coordinar, con esta última, la corresponsabilidad en las acciones a ser asumidas.

En el complejo contexto de la pandemia, las imágenes de súplica y desespero por una atención médica se han reproducido en Bolivia, como en los países vecinos. Una trágica situación, que no puede dejar indiferente a las autoridades del Estado. Estas tienen una responsabilidad directa, más allá de sus pertenencias partidarias.

Ergo, la discusión no debería reducirse –como en el caso boliviano– a qué Gobierno hizo más o menos, sino plantear, más bien, qué se debe hacer para responder a un colectivo que clama por su derecho a la salud y con él, a la vida.

Que esta última sea el motor para las acciones inmediatas y los proyectos venideros.

Que el máximo derecho humano sea accesible para todos quienes habitamos la compleja y entrañable América Latina.

La autora es investigadora y profesora en estudios sociales y de la comunicación