Reactivar con inversión pública: ¿espejismo o “política”?

El especialista financiero Fernando Chuquimia propone reactivar la economía mediante la inversión pública. Destaca él que, en la estrategia del Gobierno, la inversión pública (IP) es el medio para reactivar la economía. Enumera los ajustes a la IP en el presupuesto del Estado 2021 (PGE-2021) respecto del originalmente formulado por el Gobierno de transición, y concluye que la versión ajustada “impulsará la industrialización de recursos naturales, la urea de Bulo Bulo, el potasio en Uyuni, residuos sólidos a nivel nacional, exportar electricidad, la fábrica de cemento, la salmuera de Coipasa, hospitales de tercer nivel, escuelas, complejos hidroeléctricos, corredor de exportación bimodal Ichilo-Mamoré, construcción y mantenimiento de carreteras, entre otros”.

Los argumentos y el razonamiento que usa para llegar a esa conclusión son, sin embargo, falaces. Primero, aunque la “literatura económica convencional” diga que la IP tiene efectos sobre el stock de capital y la productividad de factores, el sentido común replica que tales efectos son a mediano y largo plazo. De hecho, puede tomar generaciones para que inversiones en educación o en salud afecten positivamente la productividad. La IP podría impactar directamente, y a corto plazo, solo si aumenta simultáneamente el acervo productivo, la demanda agregada, el empleo remunerado, y el consumo de los hogares, cosas que ninguno de los proyectos que el señor Chuquimia dice que “la IP impulsará”, está diseñado a lograr.

Segundo, dice que el Gobierno define IP “como todo uso de recursos públicos destinados a crear, ampliar, reponer, mejorar y/o recuperar capacidades productivas, económicas, ambientales, sociales y/o culturales para fortalecer la economía plural y el vivir bien”; pero no existen criterios para medir cómo y en qué plazos el uso de esos recursos fortalece la economía plural o el vivir bien, por lo que es aún menos posible que la IP sea el medio para la reactivación. De hecho, como ya se ha señalado hasta el cansancio, “canchitas” no sustituyen hospitales, grandes edificios no generan exportaciones, y, para las personas de a pie, el vivir bien se inicia con un empleo digno.

El errado concepto de IP explica sus comportamientos macroeconómicos: entre 1990 y 2019, en promedio, el PIB creció 4%; de 1990 a 1998, con 500 millones de dólares anuales de IP, el PIB creció 4,5% por año (3,5% si se incluye la crisis financiera de 1999-2002); entre 2006 y 2018, con 10 a 12 veces más IP (y otro tanto en precios para las exportaciones), el PIB creció al 4,6%, prácticamente igual a los años 90, pero con la grave tara social que, desde 2016, Bolivia logró el título de la economía con más informalidad (auto-empleo precario) en el mundo.

Estas cifras muestran que no es el monto de la IP el que influye en el crecimiento, sino el destino y los efectos de los recursos sobre el crecimiento, acompasado, de capacidad de consumo en los hogares con la capacidad del aparato productivo. En consecuencia, por sentido común, esperar que la IP sea el medio para la reactivación en las condiciones actuales, es un espejismo.

Tercero, no es probable que los relativamente modestos cambios en la IP del PGE-2021, lleven a los logros que enumera Chuquimia. Entre el PGE original y el ajustado, la IP aumenta en 570 millones de dólares (un 16,5%, de 3.440 a 4.010 millones); el 80,3% (460 millones) van a caminos, hidrocarburos, minería y el 10% (55 millones) para construcción y equipamiento de infraestructura de salud, y para atender la crisis de la Covid-19. Estos cambios podrían modificar la calidad de los resultados si el PGE hubiera estado muy bien alineado, desde el inicio, con los resultados que el autor anticipa. Pero, el PGE-2021 reformulado rompe conceptual y drásticamente con el original aprobado por el Gobierno anterior –según reiterativamente resalta la nota que comento– por lo que sería extraordinario que un 17% de inversión adicional en la gestión, modifique radicalmente la “calidad y la cantidad” de los resultados. Otorgar a este ajuste del presupuesto alta capacidad de modificar resultados puede ser políticamente útil, pero es técnica e intelectualmente deshonesto.

En suma, no es técnicamente sustentable insistir en reactivar la economía (corto plazo) mediante la IP porque ésta no tiene las características que la economía requiere para su pronta reactivación: impulsar, simultáneamente, el acervo productivo, la demanda agregada, el empleo dignamente remunerado, y el consumo de los hogares. La razón es obvia: una economía crece en la medida que aumentan las transacciones que generan el ingreso que se traduce en capacidad de consumo.

En economías con visión de desarrollo, el mayor aporte al PIB (medido como gasto), es el consumo de los hogares que varía entre el 60% y el 80% del PIB. En esas economías, el mayor componente del PIB (ingreso) es la remuneración a los trabajadores, que oscila entre un 45% y 65%, dando a los hogares su capacidad de consumo. Frente a estos aportes, la inversión pública rara vez supera el 15% del PIB (gasto), por lo que juega un rol menor en la economía cotidiana, aunque la “literatura económica convencional” insista en complicar las cosas. Como referencia, las remuneraciones al trabajo en Bolivia, cayeron del 36,1% en 2000, al 30% en 2016; el consumo de los hogares, de casi un 80% en los años 90, a menos del 70% en la actualidad (con creciente participación de los productos importados). Estas son las tendencias a revertir para reactivar la economía.

Considerando las severas consecuencias sociales que puede llegar a tener la ralentización de la economía por la crisis de la pandemia, el Gobierno tiene la responsabilidad técnica de superar los espejismos teóricos y, especialmente, abandonar el “discurso político” para ganarse la legitimidad social que le permita transmitir, al conjunto de la sociedad, la verdadera dimensión de la crisis y de los esfuerzos compartidos que deberemos hacer para superarla.

El autor es investigador en desarrollo productivo de la Fundación Inaset