Vivir en ciudades, el reto del 7 de marzo

Si sumáramos la totalidad de las propuestas que los candidatos tienen para un municipio, y quien saliera vencedor las ejecutara plenamente, probablemente se estaría logrando enfrentar de manera integral las necesidades de las personas y tendríamos claras las posibilidades necesarias de desarrollo.

Esta expresión de buena voluntad, ingenua en el escenario político e irrealizable en el mundo de los humanos, permite realizar otra propuesta que podría tener mejores resultados por su practicidad. Más allá de las diferencias ideológicas y políticas, las ciudades tienen necesidades elementales que, repito la premisa, podrían ser asumidas como compromisos básicos más allá de quién salga elegid@.

Ensayo algunas ideas, sin orden de prioridad.

Como vecinos en calidad de administrados, nos haría muy bien escuchar que los gobiernos municipales, todos, digitalizarán sus trámites y suprimirán las filas inhumanas que hoy se constituyen en una práctica denigrante y potencialmente contagiosa de Covid.

Las ciudades necesitan ofrecer, a quienes vivimos en ellas, espacios públicos de calidad con servicios básicos y ocio productivo, que puedan alcanzarse caminando en una distancia no mayor de 10 cuadras o de 15 minutos, o cinco minutos en bicicleta. Esa posibilidad, tendría que verse acompañada, lógicamente, con veredas habilitadas para la caminata y ciclovías responsables para movernos en condiciones de seguridad. Y a ellas habría que sumar las condiciones necesarias para que puedan ser utilizadas pacíficamente por personas discapacitadas o de la tercera edad.

Modernamente, se considera el territorio del municipio como un espacio con uso mixto que debe permitir una planificación urbana de distritos autónomos. Cada distrito se constituye en una unidad de gestión administrativa, asistencia técnica y facilitación de trámites; gestiones en red, o con la cercanía de un servicio amigable, el respeto al uso del tiempo de las personas adquiriría otra dimensión.

Al estar identificada la jurisdicción del distrito, y establecerse una relación más cercana con el ciudadano a través de la información, la participación popular se vería jerarquizada porque todos podríamos ingresar a la página web del municipio para hacer seguimiento de la ejecución presupuestaria en tiempo real, y ni qué decir del seguimiento de la ejecución de obras, costos y transparencia de aquellas que corresponden al interés directo del distrito.

Problemas presentes en todas las ciudades de América Latina, relativos a la densidad poblacional, generan especulación inmobiliaria encarecen los terrenos y los servicios básicos, y aumentan las dificultades de la movilidad y accesibilidad urbana que condenan a las personas a perder horas en el transporte público. La búsqueda de solución a esos problemas podría tener el aporte de los usuarios que enriquecerían un debate que se resuelve hasta ahora entre los intereses de los transportistas y las autoridades, y en el que no se escucha la voz de los usuarios.

Esta lista que podría ampliarse de manera inteligente tiene dos temas un poco más complicados pero que en algún momento tendremos que debatir en profundidad.

La legítima ideología originaria indígena campesina del Estado boliviano plantea un reto cuando el 75% de sus habitantes vivimos en áreas urbanas y, no habiendo en las ciudades caza, pesca, recolección, cultivos agrícolas ni producción pecuaria, plantea un serio problema en virtud del abandono de las áreas rurales, la creciente migración y el crecimiento de las ciudades que no asumen a plenitud esta situación.

El segundo es el producto de una constatación sobre la experiencia municipal boliviana, que deja en evidencia que este modelo parlamentarista de organización hace que quienes pierdan sean los habitantes del municipio, como consecuencia de las negociaciones y contubernios. Los concejos municipales, si la mayoría es de la agrupación política del alcalde, no cumplen ninguna labor de fiscalización. Y, por el contrario, si en el concejo es mayoría la oposición, la gobernabilidad debe lograrse con pactos y acuerdos cupulares para evitar el bloqueo de la gestión. Una modificación radical, siguiendo el modelo español –en el que el alcalde preside el pleno del concejo, y los oficiales mayores son concejales miembros de su coalición– sinceraría la gestión en favor de la ciudad, pues ya no habría pretexto para lograr resultados, y haría funcionar los dos controles existentes en el mundo para evitar desgobierno o corrupción: por un lado, la contraloría social y el voto, y los controles fiscales públicos, por otro.

Habrá tiempo para debatir.

El autor es director de Innovación del Cepad