500 mil no son 11 millones

Los medios puntualizan casi simultáneamente las características del momento político. Abuso de poder e instrumentalización de la vacuna contra el coronavirus, uso discriminado y propagandístico cual no fuese obligación del Estado atender la salud de los estantes y habitantes conforme corresponde a todos los regímenes a cargo de su comunidad.

Los principales medios no dudan en calificar la conducta gubernamental como inmoral, oportunista, que se aprovecha de la circunstancia de haber enviado un avión por la vacuna china a Beijing y mostrar como un “modelo de comportamiento” el descargo de medio millón de vacunas como si de ello dependiese la inmunidad de los habitantes que superan los 11 millones según las proyecciones a partir del último censo, cifra que no alcanza al 5% del total, nótese cuán lejos de la realidad, mientras Israel o Chile han logrado porcentajes dignos de encomio ante la realidad adversa del resto del mundo. Se estima en varios años la extensión del tiempo de vacunación al ritmo actual que es realmente lento.

Toda la parafernalia propagandística del Estado se ha volcado para convencer a los ciudadanos del “inaudito esfuerzo” del régimen masista para preservar la salud pública, ignora o calla toda la verdad, el enorme retraso en aplicar las vacunas, y el tiempo real que habrá de demorar la enorme tarea de inyectar estas vacunas, cuya eficacia veraz todavía no está del todo probada.

El otro aspecto notable de este preludio electoral que se pinta “muy oscuro para el masismo” con pronóstico de una victoria notable de los opuestos al régimen es la “caza de brujas” con todas las artimañas de un andamiaje judicial para encarcelar justamente a los candidatos adversarios, reponiendo procesos empolvados por años, mientras que candidatos del MAS con un ominoso pasado delincuencial, siguen “vivitos y coleando” sin que el brazo de la justicia les toque de refilón.

Este confuso y aborrecible panorama preelectoral no dice nada bien de un Gobierno comprometido con los electores, a llevar a efecto un proceso marcado por la ley y que sirva de marco de referencia para las instituciones y los ciudadanos que buscan y actúan por unas elecciones inobjetables.

El autor es periodista