Eterna negligencia en la alcaldía de Cercado
Es evidente la ausencia de autoridad de la Alcaldía de Cochabamba para hacer respetar la propiedad del Estado, en este caso municipal, como lo demuestra el enfrentamiento del domingo, en la avenida Pulacayo, donde un grupo de comerciantes amplían el mercado La Pampa invadiendo la vía pública.
No es un hecho aislado, ni solo de esta gestión, sino apenas el más reciente de una serie de innumerables actos fuera de la ley que se perpetran en áreas de equipamiento urbano, espacios destinados a la circulación de vehículos y peatones y el Parque Tunari.
La frecuencia y el cariz de “irremediable” que adquieren estas invasiones y uso ilegal del espacio municipal –es decir de la colectividad– permite pensar que no se trata sólo de negligencia de las autoridades ediles, sino también de una posible y probable complicidad de estas con quienes perpetran esos avasallamientos.
La más reciente de estas ilegalidades es la construcción de un tinglado sobre la calzada de la avenida aledaña al mercado La Pampa. La Intendencia intervino y su acción, apoyada por gendarmes municipales y efectivos policiales, fue repelida con violencia por los comerciantes que financian esa edificación.
“Todo el mercado La Pampa ha hecho mejoras sin permiso”, declaraba un dirigente de los comerciantes del lugar, admitiendo que su iniciativa está fuera de la ley.
“Vamos a pedir a los asesores legales de la Alcaldía que inicien acciones y emitan una orden fiscal para la demolición de este tinglado”, dice el Intendente, poniendo en evidencia la negligencia en el desempeño de sus funciones, pues la frustrada intervención para impedir una construcción ilegal se la ejecutó cuando el hecho ya estaba consumado, y continúa consumándose.
No se trata de un hecho aislado, sino de una acción sistemática de invasión de los espacios públicos por comerciantes que los ocupan para realizar sus lucrativas actividades privadas sin respetar el bien común, perjudicando la calidad de vida urbana de la colectividad.
Eso se constata cada día en las aceras y calzadas del centro de la ciudad, donde centenares de comerciantes instalaron sus puestos fijos y pagan a la Alcaldía –o al menos a sus funcionarios– que al cobrarles formalizan de cierta manera el acto ilegal de invadir la vía pública de manera permanente.
Otro ejemplo flagrante de esa ilegalidad permitida por la Alcaldía es la construcción de un segundo nivel en las casetas del mercado Fidel Araníbar (La Cancha), y un sector de La Pampa. Los comerciantes las construyeron sin autorización, al menos formal y legal, de la Alcaldía, la instancia estatal responsable de esas áreas que no son propiedad de los comerciantes que venden y alquilan las casetas que ocupan, como si fueran suyas.
