Malestar social y discriminación oficialista
El último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el organismo dependiente de la ONU responsable de promover el desarrollo económico y social de la región, señala aspectos preocupantes que, en muchos casos se han agudizado con la irrupción de la pandemia.
Si bien el factor más impactante que destaca el Panorama Social de América Latina 2020 —como titula el informe de la Cepal— se refiere al incremento de la pobreza, el capítulo referente al malestar social ofrece un panorama detallado del descontento de la población, los conflictos que resultan y de las señales de alerta que éstos significan.
En este último aspecto, el informe de la Cepal —realizado a partir de estudios en una docena de países incluido el nuestro— tendría que ser leído con detenimiento por nuestros gobernantes, pues sus consideraciones retratan buena parte de la realidad boliviana actual.
La pandemia del coronavirus está provocando un aumento sin precedentes en los niveles de pobreza en Latinoamérica, la región más desigual del mundo y más afectada por la crisis sanitaria, con 22 millones de nuevos pobres en 2020, constata el informe.
Si bien esta degradación de las condiciones de vida afecta a una parte de la población, el malestar social que constata el estudio es más generalizado en toda la región. Y, en Bolivia, es evidente para la ciudadanía en los conflictos sociales que se produjeron durante la gestión del Gobierno transitorio y se producen también en la actual. Un malestar social atizado por ciertas actitudes del oficialismo.
“Resulta preocupante observar el alto y creciente nivel de desconfianza que declaran las personas respecto de diversas instituciones, especialmente aquellas más vinculadas al ámbito de la política, como los partidos políticos, el Parlamento y el Gobierno, pero también hacia el Poder Judicial”, dice el informe. “Existen fuertes y crecientes señales de descontento con la dimensión política e institucional, así como con el funcionamiento del Estado, que podrían dificultar la labor de los gobiernos y la legitimidad de la política en general”, agrega.
En ese marco, la Cepal estima que “urge escuchar a la ciudadanía y considerar al malestar también como un factor positivo para el cambio y el progreso social. En particular, es necesario avanzar hacia políticas sociales centradas en el goce de derechos, la igualdad, el reconocimiento y el trato digno, y hacia la construcción de pactos sociales orientados a la construcción de sociedades más justas, inclusivas y cohesionadas”.
Esa inclusión y cohesión necesarias para la construcción de nuevos pactos sociales excluyen las discriminaciones ideológicas, e incluso étnicas, de las que hace gala el Gobierno.