Los “políticos”, perdidos en su laberinto, nos echan la culpa

Dos artículos de opinión recientes me han ratificado que nuestros políticos crean fantasías y las usan como verdades que luego tratan de imponer. Me refiero a los de dos políticos que se ubican en extremos opuestos del espectro político e ideológico actual: Oscar Ortiz (Pobres por decisión propia, Los Tiempos 16.02.21) y de Héctor Arce (Una Constitución para la vida, Página Siete, 18.02.21).

El exsenador Ortiz destaca que, en los últimos 15 años, se desperdició una inédita bonanza y, sin embargo, “quien fuera el ministro de Economía que acompañó el mayor despilfarro de recursos de la historia nacional ganó las elecciones y nos gobernará con el mismo modelo que ya fracasó”, para concluir con “no hay duda, somos pobres por decisión propia”.

Es decir, para el señor Ortiz, la culpa es de las personas que votaron. Pero, ¿acaso no hubo las advertencias suficientes respecto a este resultado si no se presentaba una alternativa real, con propuestas claras y con fuerza suficiente para conducir el país, sabiendo que el MAS haría todo para generar conflictos? ¿Qué sobre los políticos que, tozudamente, se mantuvieron como opciones de voto en la papeleta? ¿No se escuchaban en el Palacio Quemado las miles de voces que advertían del grave error de la candidatura de la expresidente Jeanine Áñez?

Son los políticos los que crearon el escenario de incertidumbre y, para mucha gente, valió más “lo malo conocido que la ‘nada’ por conocer”, sin que ello signifique que el actual Gobierno recibió carta blanca: “volver al pasado” no es opción, y el optimismo infundado del discurso oficial puede resultar en mayor frustración y rebeldía, esta vez con bronca acumulada.

La nota de Héctor Arce es, precisamente, una oda extrema al optimismo infundado. En su opinión, la de 2009 es una “Constitución para la vida”, cuyos rasgos salientes son cuatro: Bolivia como Estado Plurinacional; una economía social que “captura el excedente para distribuirlo entre los que más lo necesitan”; las autonomías; y los cambios al sistema democrático.

Afirma que la plurinacionalidad “sin duda, logró igualdad entre bolivianos, quizá la hazaña más grande del nuevo texto”. Pero el (ab)uso discrecional del poder del Estado (Chaparina, por ejemplo), muestra que declarar a Bolivia como plurinacional dista mucho de “haber logrado la igualdad”: de hecho, como exministro de Justicia, sabe que retrocedimos en el primer rasero de igualdad: la igualdad ante la ley.

Respecto del modelo económico, los 33 mil millones de bolivianos transferidos en bonos entre 2008 y 2019 son menos de la décima parte de lo que los hogares dejaron de percibir por la presión tributaria absurda, exclusivamente recaudatoria. En general, las políticas fiscal y monetaria, lejos de distribuir el excedente, lo concentran.

Por ejemplo, el Ministerio de Economía destaca que, gracias a la financiarización, entre 2008 y 2017 las utilidades del sector financiero crecieron en un 802% y el Estado “capturó parte de ese excedente” con el Impuesto a las utilidades de las empresas (IUE). Pero esas utilidades salen de los ingresos operativos anuales –más de tres mil millones de dólares (el 8% del PIB 2017)– que el sistema financiero “chupa” a la economía real en intereses y comisiones. Lo racional sería reducir el spread (diferencia entre el interés activo y pasivo), pero, mientras el gobierno obtenga una tajada, el modelo prefiere otorgar enormes utilidades para pocos, afectando a muchos.

Finalmente, Héctor Arce destaca como “realidades logradas” a las autonomías y al sistema democrático. Las evidencias concretas en estos ámbitos son lapidarias contra el optimismo de ese discurso. Las autonomías le fueron impuestas al MAS y por ello trabajó para debilitarlas lo más posible: en el mejor de los casos, lo que el MAS construyó es una autonomía controlada y tutelada por el Ejecutivo. Su “producto estrella”, son onerosas e incompetentes “llunku-buro-parasitocracias” políticas. En la misma línea, la “electoralitis” resultante de las “reformas a la democracia”, ya costó más de 2.000 millones de bolivianos y ha servido para encumbrar en cargos de poder a personas impuestas, sin méritos ni capacidad. Las elecciones judiciales, el 21F y las re-re-re presidenciales, lo prueban: en todos estos casos, el respeto al voto ciudadano –rasgo esencial de la democracia– ha sido ignorado groseramente.

En síntesis, ¿por qué Bolivia, a pesar de contar con un gran acervo de recursos, hoy compite por los últimos lugares de América Latina en ingreso per cápita? La explicación más probable es la incompetencia de nuestros políticos. Pero, claro, ellos le echan la culpa al imperio, a los izquierdistas o, ahora, a la gente. Se esfuerzan por hacernos creer que la culpa es de la ciudadanía, que basta aprobar decretos para poder vivir bien, y con seguridad, ellos creen que llevar el Perseverance a Marte fue tan fácil como hacer una peli en Hollywood.

Si una culpa real tenemos como ciudadanía, es no poner en evidencia a estos políticos por lo que son, unos simples difusores de cantos de sirena.

El autor es investigador en desarrollo productivo