Detenciones propiciadas por el MAS y naturaleza del Estado

La detención de la expresidente Jeanine Áñez y de dos exministros han suscitado una intensa polémica, entre otros temas, sobre si la medida es justa o injusta. Para una importante parte de la sociedad boliviana, principalmente los sectores acomodados y las clases medias, las represiones en Senkata y Sacaba, en noviembre de 2019, estaban justificadas; según ellos, porque había vándalos que querían entrar a invadir las casas de la ciudad de Cochabamba y hacer explotar la planta de Senkata en El Alto. Es decir, había un criterio de que las acciones de la Policía y el Ejército, eran legítimas. Por el contrario, los campesinos marchistas de Huayllani y los trabajadores aymaras de Senkata en El Alto, baleados durante los primeros días de la administración de Jeanine Áñez, tenían una percepción diametralmente diferente. En las pocas radios que registraron sus voces aquellos días, “no hay justicia” decían, mientras lloraban a sus muertos.

Lo que tenemos, entonces, es razón contra razón, clases-etnias confrontadas que exigen se cumpla lo que consideran es su derecho; y, “entre derechos iguales –como decía Marx–, define la fuerza”. Después de la masacre de Senkata, decenas de miles de trabajadores aymaras se descolgaron desde El Alto cercando La Paz, rebelión que se desmovilizó cuando el Gobierno de Áñez y la Asamblea predominantemente masista acordaron una nueva ley de convocatoria a elecciones.

Hoy, la política de conciliación del MAS con la oposición de derecha, manifiesta durante los primeros meses del Gobierno de Arce Catacora, tuvo una importante inflexión, en gran medida debido a las exigencias de justicia que procedían de la base, y que en algún momento pusieron en riesgo la continuidad del Ministro de Gobierno.

Para canalizar esa demanda social, el MAS recurre a los mismos métodos de captura y encarcelamiento que utilizó el Gobierno de Áñez en contra suya en diciembre de 2019. Y cuando las autoridades del MAS habían sido apresadas y perseguidas a fines de 2019, los simpatizantes y afines a Añez decían: “el MAS hacia lo mismo, hacia igual persecución”.

Los unos y los otros buscaron justificar sus actos invocando el respeto a las leyes, pero para todos es evidente que, tanto las detenciones que hacia el Gobierno de Áñez como las que ahora promueve el MAS fueron y son ilegales. Los seguidores de oficialistas y opositores comparten el criterio de: “es que ellos hicieron igual, por tanto, está justificado que se lo hagamos también a ellos”. Ese es un principio de justicia socialmente aceptado en Bolivia, legítimo.

La justicia burguesa que se fundamenta en el principio democrático universal de que todos somos iguales ante la ley no existe en Bolivia. Existe como aspiración, como ideal. Muchos invocan el anhelo de que se haga justicia por las masacres, las detenciones arbitrarias, las violaciones a los derechos humanos, los abusos de poder, de que esta justicia se aplique a todos por igual. Pero ante la inviabilidad de que esto suceda con un sistema judicial tremendamente corrupto, se piensa, entonces, al menos que se aplique el principio de la ley del talión, ojo por ojo. Hacerles a ellos lo mismo que nos hicieron a nosotros.

Al analizar las creencias colectivas en Bolivia, en este caso relativas a lo que se considera justo e injusto, este principio sí parece ser el más aceptado por la inmensa mayoría del país. Es el principio del derecho a la revancha, un criterio socialmente aceptado que existe detrás de la legalidad oficial; y que, al ser ejercido de modo efectivo, funciona como derecho consuetudinario. Es ilegal, pero así hizo Áñez, y así hace el MAS.

Resulta ilusorio sostener que este sistema fue “criatura del MAS”. Este partido sólo adecuó a sus fines un sistema que es tan antiguo como la existencia del Estado boliviano. Las mismas instituciones que hoy encarcelan a Áñez y a los exministros fueron aquellas que en 2020 promovieron el encarcelamiento de cientos de campesinos y trabajadores indígenas en Cochabamba y en El Alto. ¿Hay una “justicia masista”? No, es el modo de existencia del régimen punitivo boliviano, que históricamente favorece a quienes tienen poder económico y político. Los gobiernos cambian, las instituciones represivas y judiciales del Estado boliviano (Ejército, Policía, Poder Judicial, sistema carcelario) persisten, adecuándose al gobierno de turno, oscilando según los criterios de la influencia y la coima.

El problema, entonces, no sólo son los cambiantes gobiernos, sino también estas gangrenadas instituciones estatales. ¿Obtuvieron justicia, después de más de 14 años de gobierno del MAS, los masacrados por los militares en octubre de 2003? ¿Obtendrán justicia los masacrados por el Ejército durante la administración de Áñez? ¿Obtienen justicia las miles de mujeres asesinadas por feminicidas liberados por jueces?

La historia del Estado boliviano se asienta sobre los cadáveres de miles de campesinos indígenas, trabajadores masacrados, mujeres abusadas y asesinadas impunemente. Y en el terreno político, los mismos jueces, policías, carceleros, militares que ayer reprimieron a quienes eran oposición, son los que ahora encarcelan a los que eran gobierno entonces. ¿Quién ajusticia a estos ajusticiadores?

En vista de ello, el bisturí de la crítica debería orientarse a cuestionar de modo fundamental las instituciones del Estado boliviano, sus instancias represivas y jurídicas, su naturaleza social como tal, y no únicamente a los inquilinos de turno que son los gobernantes.

Todas las disputas políticas, las críticas, tanto de izquierda, en sus distintas variantes, como de derecha, se centran en apuntar con el dedo a los gobernantes de turno; críticas cuyos argumentos se desenvuelven dentro de la atmósfera liberal del pacto social rousseauniano. Respiramos la vieja ideología liberal de que el cambio de gobierno o que los cambios de las Constituciones constituyen el problema fundamental que afrontar. El último mito de ese tipo fue el del “Estado plurinacional de Bolivia”, un nuevo ropaje constitucional con el que se vistió el viejo Estado. El mito estalló cuando éste –representado por sus instituciones fundamentales, la Policía y el Ejército nacionales– se rebelaron contra el gobierno plurinacional de Evo Morales.

Esta es hoy una contradicción irresuelta. Vivimos un momento de crisis, tanto del paradigma del viejo Estado, como del imaginario plurinacional, un momento de disponibilidad social donde se presenta la ocasión propicia para identificar la naturaleza de los problemas que nos aquejan. Y algunos de ellos se encuentran, ciertamente, en la naturaleza social de las instituciones represivas y punitivas del Estado boliviano.

El autor es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE) - UMSS