Crisis política, polarización y economía

El apresamiento de la expresidenta Añez produjo el agravamiento de la crisis social y política y la profundización de la polarización en la sociedad. Ambos hechos comprometen, seriamente, la recuperación del crecimiento económico y son una traba que impide el desarrollo económico integral.

Pero al Gobierno de Arce no le parece interesar esto. Decidió esparcir el virus de la venganza y el odio ideológico y así enturbiar la coyuntura social. No hay duda de que el país necesita curar sus heridas con justicia para todos. Investigar los hechos y aplicar la ley a los responsables de todos los delitos que se cometieron –desde el fraude electoral hasta las muertes de todos los lados– en los fatídicos días de los meses finales de 2019.

Por lo delicado del tema, esto debe ser hecho en el marco estricto de la ley y el respeto a los derechos ciudadanos. Manipular jueces, actuar sin apego a las normas e inventar una realidad paralela no es el camino de la justicia y sí de la mentira y del odio. La justicia se alimenta de la verdad de los hechos y del debido proceso. Seguir un camino contrario es profundizar la crisis política.

Cabe recordar que la situación actual afecta a la economía de diferentes maneras. Veamos las más importantes: Aumenta la tasa de riesgo país, lo que desincentiva y/o pospone la inversión privada nacional y extranjera. Esta tasa es un indicador que se calcula analizando proyecciones financieras, situación de competitividad, consistencia de las políticas macroeconómicas, ambiente de negocios y conflictividad social y política de un determinado país. En el caso boliviano, todas las calificadoras de riesgo internacionales (Moody´s, Standard and Poor´s y Fitch), que evalúan la tasa de riesgo país, han bajado sus indicadores en los últimos dos años.

Asimismo, las crisis políticas incrementan la incertidumbre e impiden que los actores económicos –personas, instituciones y empresas– planifiquen acciones para el mediano y largo plazo. Los agentes económicos prefieren esperar y mirar antes de tomar decisiones de consumo y/o inversión. Con el Jesús en la boca, temiendo lo peor, es muy difícil trabajar, generar empleo o hacer nuevos negocios. En los últimos dos años, Bolivia es un caso emblemático de incertidumbre.

Con un sistema judicial altamente politizado y dependiente del Poder Ejecutivo, las decisiones, tanto en el campo político como económico, son idiosincráticas, imprevisibles y muchas veces resultado de juegos de intereses. Las relaciones entre las personas, entre las empresas y de estas con el Estado están sujetas al arbitrio, los caprichos personales, la corrupción y la politiquería. Este es el típico ambiente de inseguridad jurídica que reduce la rentabilidad de los activos.

Las crisis sociales y políticas disminuyen la productividad de los factores de producción, en especial del trabajo. En una sociedad demasiado tensionada por la política, los trabajadores, los empresarios y emprendedores tienen una actitud más defensiva. Dedican parte importante de su tiempo a proteger sus trabajos o inversiones y buscan evitar injerencias políticas o a aprovecharse de ellas. En estos contextos, la productividad es muy baja, en especial en el sector público. En Bolivia, sin horizontes de mejor gestión de los factores de producción, la recuperación económica se hace más lenta. La politiquería vence a la economía.

Debido a la presión social, el Gobierno se ve obligado a gastar recursos del Estado para atenuar la conflictividad social. En un ambiente de incertidumbre política sectores rentistas de la sociedad presionan para que el Estado les haga transferencias, buscan convertir lealtades y soportes políticos en recursos y/o privilegios. En estos contextos, el déficit público puede aumentar como ya ocurre en la economía boliviana.

Crisis políticas endémicas afectan negativamente el clima de negocios. Se entiende como clima de negocios al funcionamiento de todo un ecosistema compuesto por actores públicos, universidades, centros de investigación, actores empresariales que buscan certidumbre en las reglas de juego (rule of law) para realizar sus actividades económicas. En una sociedad en eterno conflicto, el ecosistema no funciona. No existe un clima de negocios adecuado para la producción.

Con el futuro detenido por el conflicto social y político, los actores económicos –empresas y personas– pierden su capacidad de acción colectiva, optan por salidas individualistas, se rompe la confianza, se desarrollan acciones defensivas y especulativas. Por ejemplo, aumenta la demanda por dólares y oro, lo que, a su vez, coloca presión sobre las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia.

Un ambiente de conflictividad social y política que se traduce también en relaciones tensas con países y organismos internacionales. Esta situación dificulta el acceso de créditos internacionales y aumenta el valor de estos. En suma, se encarecen los préstamos.

El autor es economista