No al Censo: de la impostura, a la engañifa

En menos de 24 horas, el director ejecutivo del INE pasó de anunciar el inicio de lo que llamó “proyecto rumbo al Censo”, ya en este 2021, a afirmar categóricamente que el mismo no podrá ser realizado antes de 2024. ¿Cuál es la razón tras semejante giro dado en las declaraciones del director del Instituto Nacional de Estadísticas, nada menos que al referirse a un tema tan sensible e importante para el país como es el de la realización de un nuevo Censo de Población y Vivienda en Bolivia? Seguro dirá que sus declaraciones fueron malinterpretadas e incluso tergiversadas por los medios. Es la excusa común.

Pero no, no hubo ni tergiversación ni mala interpretación en unas declaraciones que, por suerte, abundaron en argumentos tan absurdos, que solo contribuyeron a desnudar otra impostura más, entre tantas ya escuchadas de autoridades y funcionarios públicos. Entre otros, el de que recién este año el INE estaría iniciando actividades del proyecto censal. Un dato fácil de rebatir con una búsqueda simple en Google, que da cuenta que el trabajo se inició en 2019, tal como lo confirmó en junio del año pasado el entonces director del INE, Yuri Miranda, durante su Rendición Pública de Cuentas Inicial 2020.

En esa oportunidad, Miranda no solo afirmó que el INE ya estaba “planificando ejecutar el censo el año 2022, en apego a la normativa vigente”, sino que además contaba con “un documento preliminar de diagnóstico para la elaboración del proyecto final del censo poblacional, con la definición de los lineamientos e instrumentos de recolección de datos para la actualización cartográfica”. Todo gracias al trabajo iniciado en 2019, que incluía ya “una propuesta de metodología para el Censo”. Es decir, ya hay un buen tramo recorrido en esta ruta censal, que no puede ser ignorado por el actual director del INE. A no ser, por supuesto, que la apuesta no sea técnica, ni siquiera legal, sino meramente partidista. En realidad, habría que decir directamente “apuesta masista”.

Queda claro que al actual Gobierno y a su partido, el MAS, no les interesa en absoluto realizar el Censo en 2022, tal como manda el ordenamiento legal vigente. Por varios motivos. Uno de ellos, sin duda, es la resistencia de la cúpula gubernamental a cumplir con la justa y equitativa distribución del dinero público. En este caso, redistribución, una medida que beneficiará a todos los departamentos, municipios y universidades estatales, en detrimento del acaparamiento y control de recursos que hoy concentra el nivel central. Imagínense: si el MAS ya se resistía en tiempo de bonanza económica, más aún lo hará en tiempo de crisis y baja de ingresos.

El otro motivo, ya visto en años anteriores, es que tampoco está dispuesto a aceptar una inevitable redistribución de escaños en el Parlamento, en cumplimiento de lo que manda, también, la ley sobre la representación proporcional de las regiones según el número de habitantes que tengan. Y hay un elemento más, tal vez menos visible, que es el temor a queden en evidencia las razones que continúan alimentando hasta hoy las dudas sobre el tamaño real del Padrón Electoral y cuál es su verdadera distribución según regiones, municipios y áreas urbanas o rurales. En resumen: queda claro que no es del interés del Gobierno actual y de su partido actualizar la información que es vital para la planificación del desarrollo de las regiones y, desde estas, del país.

Es importante tener esto en claro, para no caer en las imposturas y menos en la engañifa de los numerosos y diversos voceros oficialistas que buscarán miles de pretextos para no cumplir con la realización del Censo 2022. El de la crisis sanitaria sin duda será uno de esos argumentos, como lo anticipa el giro del director del INE, unido al de la falta de dinero. Algo que al MAS no le ha preocupado nunca, como lo ha demostrado a lo largo de 14 años de gobierno encabezado por Evo Morales: gastó alrededor de 400 millones de bolivianos en una seguidilla de procesos de votación, cuyos mandatos desoyó. Solo el referéndum del 21 de febrero de 2016 costó tres veces más que el Censo de Población de 2012.

Es una ilusión absurda también, por decirlo suavemente, creer que esto puede cambiar a corto plazo, por un repentino giro en la posición de la cúpula masista, por una muestra de voluntad política para hacer apenas lo que manda la ley. Las regiones tendrán que arrancar al Gobierno este nuevo Censo de Población y Vivienda. Tal vez ahora la salida más inteligente y práctica sea la de avanzar desde las regiones con iniciativas que ayuden a ese propósito. En el caso de Santa Cruz, poniendo a trabajar en conjunto a su Instituto Cruceño de Estadística, a las universidades pública y privadas, a sus gobiernos locales y a la misma sociedad civil en la realización de un conteo rápido de población, como sugirió hace unos días el concejal electo de Santa Cruz de la Sierra, José Alberti.

Como cantaba Geraldo Vandré, “venga, vamos adelante, que esperar no es saber / quien sabe hace ahora, no espera acontecer...”.

La autora es periodista, www.maggytalavera.com