Tráfico de tierras: la CPE, las leyes y Edwin Characayo

La historia del tráfico de tierras no comienza con el señor Edwin Characayo exministro de Desarrollo Rural y Tierras (hoy en la cárcel), se inicia, el 2 de agosto de 2007 con la promulgación del Decreto Supremo reglamentario (29215) de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria (28/11/2006), constituido por 473 artículos, 15 disposiciones transitorias y 28 disposiciones finales, y que en su artículo 414 establece que el INRA “implantará el Sistema de Catastro Rural” y le da la responsabilidad de “transferir la información catastral a municipalidades y efectuar el control y seguimiento de la actualización de información catastral de los municipios, entre otros”.

La ley de Participación Popular (20/04/1994) vigente en el momento de la promulgación del citado decreto, en su artículo 14 inciso e), establece como competencia de los gobiernos municipales “Administrar los sistemas de catastro urbano y rural”. También establece que las autoridades elegidas democráticamente deben planificar y gestionar el desarrollo del territorio que administran, para lo cual necesitan información que les será proporcionada por el catastro municipal (urbano y rural). Además, que les permita a los municipios llevar adelante; la organización social de la propiedad y el ordenamiento social del territorio, con el fin de evitar lo que hoy está ocurriendo en todas las jurisdicciones territoriales municipales, sin el conocimiento de sus autoridades, a causa, del decreto 29215.

Por otro lado, la CPE establece en su artículo 298.II.18 como competencia exclusiva del nivel central del Estado el “Sistema de Derechos Reales en obligatoria coordinación con el registro técnico municipal”. Doce años después, el Estado no ha promulgado las leyes que pongan en funcionamiento esas nuevas instituciones, y cuya vigencia daría seguridad jurídica al derecho propietario de la tierra, conforme establece el artículo 56.II de la Constitución: “Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo”.

El incumplimiento de la CPE, el decreto mal concebido (actualmente vigente) y el silencio de todas y cada una de las autoridades de los 340 municipios, durante 14 años; son el origen de los hechos que se suscitan, hoy en el país. Finalmente, ¿por qué Characayo entró en el título?: por la misma razón que entró en la cárcel.

El autor es militar e ingeniero