Para avanzar en una propuesta de reforma judicial

El viernes 23 de abril, encabezados por el abogado Arturo Yáñez, los nueve demandantes de nulidad de la sentencia constitucional 084, presentamos el memorial de queja e impugnación para revertir el sospechoso auto constitucional que rechazó nuestro petitorio la Nochebuena de 2019. Veremos si queda algo de decencia en el Tribunal Constitucional Plurinacional(TCP), y falla en consecuencia. Personalmente no lo creo, porque me queda claro que no estamos ante un caso más de retardación de justicia y negligencia extremas, sino de posibles conductas “típicas” que dan cuenta a lo que puede llegar la dependencia y el sometimiento absoluto de la cúspide de la justicia constitucional. Es que, como destaqué hace una semana, la crisis de la justicia ha tocado fondo y por eso, ahora, debemos ir al fondo.

Si por administración de justicia entendemos un servicio público esencial que debe resolver los conflictos para preservar la paz social, que debe garantizar la vigencia de los derechos fundamentales para salvaguardar la dignidad y la libertad, que debe velar por el cumplimiento de la ley y los contratos logrando seguridad jurídica, y que debe controlar y limitar el poder de los gobernantes para evitar la tiranía; si todo eso apareja la justicia, es evidente que en Bolivia carecemos de justicia y, por lo mismo, están en grave y permanente riesgo la paz social, la dignidad, la libertad, la seguridad jurídica, el Estado de derecho y la propia vigencia democrática.

Sí, no es un problema reciente, es consustancial a la existencia del país, pero no por ello podemos dejar de lado la responsabilidad del MAS en su agravamiento durante los 14 años de sus primeros gobiernos, en los que desplegó al menos cuatro líneas de acción cuasi delictivas: 1. La subordinación político partidaria del Órgano Judicial para convertir la administración de justicia en un mecanismo de dominación estatal sobre la sociedad, eliminando por completo la independencia y equilibrio de poderes. 2. La degradación de la administración de justicia, a través de sus operadores, a instrumento de persecución política de los opositores y mecanismo de impunidad de los actos ilegales y delictivos de las autoridades. 3. La agudización de la carencia de idoneidad de jueces y fiscales, privilegiando la afinidad partidaria para su designación, incrementando así la retardación e ineficiencia del sistema. 4. La extensión e incremento de la corrupción a partir de las millonarias inversiones estatales sin licitación ni control judicial alguno, y la extorsión practicada sobre sindicados y procesados, por parte de “consorcios” gubernamentales, que legitimó la “delincuencia judicial”.

Y el gobierno del presidente Arce está continuando ese camino y por eso hoy estamos tocando fondo. Por lo mismo, reitero, no podemos esperar nada del Estado ni del Gobierno, tenemos que generar respuestas desde la sociedad y desde la gente que puede ahora identificar al menos cinco carencias estructurales de nuestra administración de justicia: 1) Independencia, 2) Recursos, 3) Idoneidad, 4) Acceso y 5) Visión estatal.

Por ello, una propuesta ciudadana de transformación y de reforma deberá, mínimamente, apuntar a esas carencias, sabiendo que la dependencia política deviene del nombramiento partidario de los jueces; la exigüidad de los recursos se origina en la manipulación presupuestaria de los gobernantes y en la pésima gestión interna; la falta de idoneidad de los jueces tiene que ver con su improvisado nombramiento, los bajos salarios y la inseguridad laboral; la falta de acceso se explica no sólo por los pocos jueces existentes sino por la ausencia de mecanismos alternativos para la solución de los conflictos; y una visión estatal, qué es un desafío de más largo plazo, solo podrá lograrse de un Órgano Judicial previamente recompuesto y apoyado en las entidades científicas y académicas de la sociedad civil.

Para una propuesta ciudadana que dé respuestas en el corto plazo, porque la crisis terminal así lo exige, tenemos que precisar, al menos, qué proponemos para la elección de jueces, qué para el presupuesto judicial y su administración interna, qué sobre la carrera judicial y qué sobre los mecanismos alternativos de justicia. Y esas propuestas deberían apuntar a la Constitución Política para su reforma.

Esa podría ser la médula de una propuesta ciudadana que, al mismo tiempo de su formulación, tiene que precisar a sus principales actores y momentos. La CPE y la ley 026 nos señalan que la forma es la iniciativa popular promotora de un referendo, al que debemos llegar con una movilización nacional incontrastable. Movilización de ideas con el debate para una propuesta acabada y participativa; movilización de la fuerza social democrática para recabar al menos el 20% de las firmas del padrón electoral y para contrarrestar lo que, sin duda, será el sabotaje del andamiaje estatal controlado por el MAS.

El autor es político y abogado