Señor ministro, no se conforme con poco: ¡rompa huevos!

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, anunció que 58.000 servidores públicos de instituciones y empresas del nivel central de gobierno recibirán su bono de refrigerio –278 millones de bolivianos anuales– en bienes y servicios “hechos en Bolivia”. La idea, en principio, es buena, pero, por la forma de ponerla en práctica, su efecto real será menor al de una aspirineta para una gangrena.

Para poner esta iniciativa en perspectiva, primero, el componente importado en los refrigerios es muy bajo. Segundo en 2020 el PIB agrícola tradicional y el de la industria manufacturera (PIB at+im), suman unos 54 mil millones de bolivianos; en relación a este PIB, los 278 millones son apenas el 0,05%, de manera que el impacto (adicional al que ya tiene) sería totalmente nulo para todo fin práctico.

La magnitud de la crisis y sus secuelas requieren medidas muchísimo más contundentes, que el Gobierno no identifica aún, y que van más allá de programas de reactivación centrados en la intermediación financiera –en la que solo los bancos tienen ganancias seguras.

Hace un año, propusimos unas Bases y lineamientos para programas estratégicos de empleo; el enfoque centra la reactivación en establecer sólidas estructuras de demanda para aumentar el uso de la capacidad productiva instalada, y permitir planificar, con algún grado de confianza, nuevas inversiones productivas que maximicen la agregación de valor y la creación de empleo digno a corto, mediano y largo plazo.

En este enfoque, en lugar de que los recursos públicos para la reactivación sean “intermediados” por el sistema financiero y canalizados a empresas que no tienen certeza sobre las condiciones de la demanda, se los dirige a alentar y garantizar demandas estables (ingresos) a las empresas, a través de la capacidad de consumo en los hogares. Por supuesto, no se trata de “soplar y hacer botellas”; se requiere una bien pensada estrategia que incluye, por ejemplo, nuevas formas de relaciones E3 (empresa, empleados, Estado); superar la actual institucionalidad rentista, que es disfuncional para agregar valor y crear empleo; un contexto promotor de la producción de “calidad con equidad”; un efectivo esquema de control social directo, “desde lo local”, a los proveedores, productores y comercializadores; etc.

La actual crisis afecta con especial dureza al 80% de la población económicamente activa (PEA) que está condenada al “cuenta-propismo forzado” –autoempleo de sobrevivencia, muy precario e informal. En este contexto, es casi insultante que el aporte de los bien pagados funcionarios públicos para salir de la crisis se limite a que el bono de refrigerio (ojo, ¡es mayor que la Renta Dignidad!), se destine al consumo de productos nacionales (ya ocurre). Al otro extremo, aunque terminó siendo solo demagogia, en 2020 el MAS, por iniciativa de la diputada Betty Yañiquez, ofreció reiteradamente una ley para reducir los salarios de la administración pública en 50% (eso habría significado un 8% del PIB).

Entre estos extremos, hay alternativas. Por ejemplo, ajustar las curvas salariales para todos los funcionarios públicos electos, y para los designados sin concurso de méritos ni examen de competencia, entre un mínimo de Bs 4.000 y un máximo de Bs. 12.000. El monto ahorrado, unos 14 mil millones de Bs anuales (el 25% del PIB at+im), se destinaría a dotar de alimentos y bienes esenciales de producción nacional, a un millón de hogares al año (aproximadamente 1.000 Bs mensuales en productos), además de medidas compensatorias al personal médico y de primera línea.

Otra es mantener las estructuras salariales actuales, pero a partir de los 4.000 Bs y de manera proporcionalmente ascendente con el monto de las remuneraciones, un porcentaje del salario sea pagado con la modalidad de billeteras móviles para el consumo de productos nacionales. Esta modalidad podría asegurar un piso de demanda de 8.000.000.000 de Bs, un respetable 16% del PIB at+im, monto que supera holgadamente las líneas de crédito creadas.

En resumen, alternativas hay. La gente en la calle ha sido forzada a arriesgar su vida para llevar pan a la mesa familiar y, así como para hacer tortillas hay que romper huevos, para mitigar los impactos de la crisis y reactivar la economía también habrá que romper otros huevos; después de todo, la administración pública, a todo nivel, no puede simplemente mirar de palco: debe hacer sacrificios y aportar a las soluciones porque nuestra pobreza acumulada no resulta de inexorables leyes económicas, sino de una larga historia de ineficiente, corrupta y prebendal administración del Estado.

El Ministro Huanca tiene la oportunidad de romper paradigmas (y huevos); ojalá que no se conforme con medidas intrascendentes.

El autor es economista e investigador