Lo que el PNUD no dice sobre la desigualdad

El Informe 2021 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) titulado Atrapados: Alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y El Caribe, se destaca negativamente entre los habitualmente valiosos documentos temáticos de ese tipo que el PNUD genera anualmente.

Partiendo de reconocer que la alta desigualdad y el bajo crecimiento persisten como características regionales, tras un extenso diagnóstico, el Informe encuentra que la desigualdad genera bajo crecimiento, y que el bajo crecimiento genera desigualdad (¡!). Sin embargo, asume que, con el fin de diseñar políticas adecuadas, “el no poder caracterizar plenamente los factores que vinculan la alta desigualdad y el bajo crecimiento, no implica que no se puedan entender algunos de ellos”.

Aplicando este supuesto, el Informe se concentra en tres grupos de factores que explicarían la realidad regional: la concentración de poder, la violencia, y los sistemas de protección social. Pero, como no precisa los vínculos de los factores considerados con la desigualdad o el crecimiento, las reflexiones se limitan a “posibles efectos” y a proposiciones condicionales, sin valor práctico real para el diseño de políticas específicas. Por ejemplo, revisa muchos factores que “pueden” afectar la productividad total de los factores (PTF) bajo el supuesto que mayor PTF mejora el crecimiento: la realidad es que nadie sabe qué mide la PTF ni cómo mejorarla, y son cada vez más quienes demuestran, empíricamente, que esa “productividad” solo existe como una “evidencia de nuestra ignorancia”.

El Informe ignora o matiza la relevancia de causas más directas de la desigualdad. Identifica a las grandes empresas con poder de mercado, a grupos familiares vinculados a ellas, y a los sindicatos como grupos de presión que influyen en las políticas; pero, ciertamente, no son los únicos factores ni los únicos actores en la región. La desigualdad y el crecimiento resultan de (malas) políticas en todos los ámbitos críticos, de manera que, la mayor responsabilidad, recae en la incapacidad de las “clases políticas” de gobernar para la gente, cualquiera sea la pretensión ideológica con la que se identifican.

En particular, el Informe no considera la distribución primaria del ingreso –la participación relativa de la remuneración al trabajo en el PIB, como una causa inmediata de desigualdad. Desde 2014, “templos del neoliberalismo” como el FMI, el Banco de Inglaterra (BoE), o el Banco para Pagos Internacionales (BIS) coinciden en que, la caída en la participación de la remuneración al trabajo en la distribución del ingreso –la menor “tajada laboral” (TL)– está directamente vinculada a la mayor desigualdad.

En Bolivia, la TL era el 36,1% del PIB en 2000, y cae al 26% en 2016. Si se hubiera mantenido la TL del año 2000, entre 2006 y 2016 los asalariados habrían recibido unos 160 mil millones de bolivianos más que los efectivamente recibidos. Frente a este “recorte” del ingreso salarial, la suma total desembolsada por el Estado bajo la forma de bonos en el mismo período, es de menos de 25 mil millones de bolivianos.

Una segunda fuente de desigualdad, es la financiarización. Según el FMI, en ausencia de medidas pertinentes y oportunas para reducir la desigualdad, la financiarización la acentúa. En Bolivia, hasta 2010, las cuentas de los pequeños ahorristas/prestatarios (hasta 10.000 dólares) eran acreedoras netas del sistema financiero, y desde entonces son deudoras netas. El microcrédito generó enormes utilidades al sistema financiero, pero amplió el comercio informal (ocupaciones de baja productividad) hasta constituir una gran red de distribución de importaciones, legales e ilegales, que han acorralado al aparato productivo capaz de crear valor y empleo. Finalmente, hacia 2014, el incremento anual de la cartera de deuda de empresas y hogares, ya era mayor al incremento del PIB (ingreso) de la economía real, lo que significa que, el aparente bienestar, se ha logrado a costa de hipotecar ingresos futuros.

La lista podría seguir. El informe del PNUD ha tocado un tema de actualidad y de urgente tratamiento para sacar a Latinoamérica del estancamiento social y productivo. Pero se ha quedado corto en la tarea de ayudar a precisar sus causas, y de identificar las prioridades de una agenda transformadora.

El autor es director ejecutivo de la Fundación INASET