Iguales y desiguales en un país delincuente

Se hacen llamar Pacto de unidad, se distinguen a sí mismos como interculturales (todos somos interculturales, pero eso no lo entienden, porque se adueñan de los términos y creen que son su génesis). Instruyen a sus bases en Santa Cruz a que reaccionen y “que no se hagan engañar con los golpistas” porque, a decir de ellos, la Gobernación de Santa Cruz no tiene qué hacer en el tema tierras, que según la CPE “no les compete” y que ese es un asunto del Estado. Dicen, además, que Santa Cruz es Bolivia y Bolivia es los nueve departamentos.

Pero no es sólo eso, también dicen que la tierra es de los bolivianos, “no de los croatas” ni de los extranjeros; los bolivianos/cruceños de origen croata deben ser el 1% de las nacionalidades que engrosan la “interculturalidad cruceña” y aun así tienen nacionalidad boliviana por nacimiento, igual que ellos los que se creen dueños de un territorio preexistente a la República.

Dicen que ellos van a “recuperar el territorio” y uno se pregunta de qué territorio hablan, si esto, el oriente, nunca fue del incario ni del Tahuantinsuyo ni del Collasuyo.

Pongamos las cosas en claro: Bolivia es un país, pero ese país es la república creada en 1825. Este país tiene una CPE, a la que el señor acude sin entender que ese libro del que él habla no tiene varias versiones y que es el mismo para todos y que ahí está escrito que todos los que nacimos acá somos bolivianos y que hay una preexistencia de culturas, concretamente “dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”. En realidad, los campesinos no son preexistentes a la República, porque son una categoría social no anterior a la llegada de los españoles, pero a los que escribieron ese librito tan plagado de errores y contradicciones nunca se les pudo hacer entender eso). Y en ese libro se lee que: “se garantiza su libre determinación y dominio ancestral sobre sus territorios”, de manera que, si la CPE vale y sirve, los llamados “interculturales” de occidente que ignoran a las culturas a las que no conocen (aunque no por ello no existen) entendieran de lo que se trata, actuarían de otra manera y respetarían a la Comisión Agraria Departamental de Santa Cruz, al Plan de Uso de Suelo, a las naciones preexistentes, y no estuvieran avasallándolas.

Pero, convengamos que ellos son aleccionados a repetir un discurso que les conviene porque, en realidad, el Estado, la República misma ha sostenido una estrategia destinada a reducir las potencialidades del oriente por razones geopolíticas que, ahora, tienen que ver con el dominio del territorio para acrecentar su poder y, antes, el de Morales y su manipulado invento plurinacional.

Convengamos que no hay país en el mundo que no sea plurinacional, porque el globo terráqueo recibe y transmite influencias culturales de los que llegan y se quedan, de los que van y vuelven y, de lo que se recibe a través de la información, formación e incluso deformación de saberes y otros, que llegan, “hasta por Internet”.

Antes de Morales, digamos desde 1996, cuando los detentadores del poder entendieron las potencialidades del agro y sus relaciones e influencias económicas, su intento estaba fijado en reducir a la mínima expresión la mediana propiedad y empresa agrícola agropecuaria, eso tenía que ver con el manejo de la economía y la política; era el centralismo que veía para dónde iba la cosa, digamos que fue geopolítica pura. Lo primero que hicieron, fue aprobar la Ley INRA de la que ya hablaremos.

Desde 2006 en adelante (¿recuerdas lo que pasó?) aparecieron los que determinaron que las tierras fiscales –esas que son del Estado y que debían ser dotadas a quien las pida y acredite que puede trabajarlas– solo pueden destinarse de manera exclusiva a comunidades indígenas, originarias y campesinas, es decir, el artículo de la CPE que dice que todos los bolivianos tienen el mismo derecho, por la sola condición de serlo, dejó de tener valor dado que se rompió el principio de igualdad de derechos y oportunidades entre bolivianos.

Pero no termina ahí, más bien comienza de nuevo, determinaron hacer un saneamiento general (el INRA convirtió al oriente en su botín) y los dueños legales anteriores fueron declarados poseedores, y los obligaron a pagar por lo que era de ellos. Llegado el MAS al gobierno, cambiaron la ley y el reglamento agrario y a todos los trámites les encontraron “vicios de nulidad” y ahora corresponde desalojar todas esas tierras porque “están en un área protegida o en una reserva forestal”, pero el Estado que les cobró por la tierra no devuelve el dinero ni da curso a la recompra de su propia tierra.

La Superintendencia Agraria fijó el precio, el propietario pagó al INRA, incluido el saneamiento de los títulos de los anteriores poseedores (si los hubo) que se adjudicaron esa tierra, pero el Estado los estafó, lo que demuestra que vivimos en un Estado estafador, es decir, un Estado delincuente.

Mientras, el INRA se da gusto de hacer política repartiendo esas tierras pagadas por particulares a los “interculturales”, a comunidades trasladadas y acrecienta la territorialidad de su poder.

Así estamos país.

El autor es periodista