Avasalladores de tierras y violencia contra la prensa
La emboscada, agresión física y amenazas de avasalladores de tierras comunitarias y privadas contra un equipo periodístico de este matutino, en el municipio de Arbieto, es el último de una serie de hechos ilegales y de violencia que suceden desde unos meses, en Cochabamba, y también en Santa Cruz.
Esta vez, la acción delincuencial de gente organizada que se apropia por la fuerza de terrenos ajenos con fines de enriquecimiento ilícito atenta también contra uno de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política del Estado y otras leyes específicas: la libertad de prensa.
Este extremo, que es uno más en la ya larga serie de violaciones al orden legal vigente en el país, evidencia el poder de los intereses económicos imperante en el tema de la tierra y su avasallamiento, pues las ocupaciones, loteamientos no tendrían el alcance y frecuencia actual sin la complicidad de autoridades electas y designadas.
Asentamientos disimulados, agresiones a los propietarios y a los comunarios han sido reportados desde hace meses en el lugar de la emboscada de ayer y otros aledaños. En prácticamente todos los casos, las denuncias sentadas en instancias judiciales y ediles fueron ignoradas.
“Los loteadores hicieron caer mi casa y mis cultivos los han arrancado. Fui a quejarme a la Alcaldía de Tolata y me dijeron que me haga respetar a golpes”, declaraba a principios de este mes una comunaria de Villa Copacabana, al periodista que fue golpeado ayer y que escribió un extenso reportaje sobre el tema. Otra pobladora de La Angostura, declaraba: “Incendiaron mi casa, ahora me están amenazando de muerte”.
Ocurre en el valle alto, en Sacaba, en Cercado, Cochabamba. Y también en Santa Cruz, en la Chiquitanía. En algunos casos estos hechos derivan en enfrentamientos entre avasalladores y comunarios, con saldo de heridos.
Los montos de dinero, gente involucrada y trascendencia político-ideológica del avasallamiento y tráfico de tierras deben ser de tal magnitud, que no sólo originan casos de corrupción que involucran a autoridades del Estado, sino que también provocan cruces de acusaciones entre masistas. Como ocurrió en abril, cuando un ministro fue detenido en La Paz, al momento de recibir un soborno para titular un predio en Santa Cruz. El caso mereció la condena de autoridades del Gobierno, mientras que un exministro de Morales lo calificó de “intrascendente”.
La evidente impunidad de los avasalladores, que no dudan en violar derechos fundamentales como la libertad de prensa, demuestra que sus actos y la complicidad de autoridades que los socapan exigen una acción clara y urgente del Gobierno, para frenarlos imponiendo el imperio de la ley.
