Asociación nacional de contrabandistas

Columna
PLIEGO DE CARGOS
Publicado el 01/08/2021

Todos los ciudadanos decentes saben que son delitos el contrabando, la compra de las cosas obtenidas mediante el contrabando (receptación), y la instigación pública a no pagar impuestos. El colmo de la anomia se produjo el pasado jueves cuando los poseedores y compradores de vehículos “chutos” realizaron un cabildo pidiendo al Gobierno una amnistía para legalizar al menos 150.000 vehículos en todo el país. Con una ignorancia supina alardearon de ser compradores de autos de contrabando, atreviéndose a conformar una asociación nacional. El Ministro de Gobierno manifestó que se están realizando rastrillajes en las redes sociales solo para identificar a los vendedores de vehículos de contrabando. ¿Tan solo eso? ¿Dónde estuvo la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) para reprimir el contrabando?

Esta noticia ha desnudado el grave estado de desorganización social que existe en Bolivia, así como ha puesto en evidencia el aislamiento que sufre la gente de bien como consecuencia de la omisión deliberada del principio de autoridad y la ignorancia de las leyes, para favorecen a unos y maltratar a otros. La ANB, al enterarse de este hecho delictivo debió instruir la detención o aprehensión inmediata de los delincuentes que convocaron a esa reunión y de los asistentes, a sabiendas de que la mayoría de los que estaban ahí, eran los mismísimos contrabandistas o los receptadores.

Sobran las razones éticas para que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), el propio Gobierno y la Asamblea Legislativa se opongan tenazmente a la amnistía tributaria de la nacionalización de los chutos, porque no solamente se trata del delito de contrabando, sino también del lavado de dinero proveniente del narcotráfico, entre otros actos criminosos que, en suma, están a punto de convertirse en un deporte nacional. El MEFP sabe perfectamente el alto costo que para el Estado representa cada uno de esos 150.000 vehículos. No pagan impuestos municipales a la propiedad, se benefician de combustible subvencionado, convierten al país en una chatarrería y congestionan las principales ciudades, provocando serios daños ambientales. El MEFP tiene que usar la calculadora, porque obtendría más de 300 millones de dólares incautando y rematando esos vehículos, en comparación con los exiguos 25 millones de dólares que proyectan pagar los contrabandistas y chuteros.

No quisiera suponer que este escenario ha sido artificialmente diseñado por el Gobierno y los chuteros para forzar una amnistía tributaria en nombre de la lucha contra la pobreza y la redistribución de la riqueza. Ya se cometieron muchas barbaridades de color azul usando esas dos excusas. Para evitar el siguiente error gubernamental en materia tributaria, lo primero que deberían hacer las autoridades es negarles la personalidad jurídica a estas asociaciones de hecho que persiguen fines ilícitos; y lo segundo, dejar de reunirse con los líderes de estos clanes mafiosos, anulando cualquier convenio que coloque en ventaja manifiesta a los evasores frente a los contribuyentes honestos.

De caer en la trampa de los contrabandistas, el Gobierno mandará el mensaje de que en este país es legítimo dejar de pagar impuestos o convocar públicamente a dejar de pagarlos, para posteriormente solicitar una amnistía o una condonación tributaria con la seguridad que el presidente Lucho se la otorgará. Así se abriría la posibilidad de que cualquier contribuyente formal y honesto caiga en estas conductas solo para obtener los mismos beneficios fiscales que los contrabandistas.

Esta aberrante práctica puede poner en peligro no solamente la estabilidad del Gobierno, por encubrimiento corrupto del delito, sino también el futuro del Estado en su conjunto por falta de recursos económicos. El MEFP debe razonar mil veces esta solicitud de amnistía, porque gana más rechazándola de plano que premiando a los delincuentes.

 

El autor es abogado

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