Incumplir la ley

Salvar al Cerro Rico de Potosí no es complicado, pero sí imposible.

Y no es complicado porque, para salvarlo, lo único que se tiene que hacer es cumplir la ley.

La Ley 1197, promulgada el 9 de noviembre de 1990, “declara monumento nacional al Cerro de Potosí (…) especialmente en la cima que visitó el Libertador Bolívar”, lo que lo convierte en patrimonio cultural y, por mandato constitucional, la obligación del Estado boliviano es protegerlo.

Después, el 8 de octubre de 2004, el Decreto Supremo 27787 aprobó el Reglamento especial para las actividades mineras en el Cerro Rico de Potosí que, en su artículo 6, señala que “entre las cotas 4.400 y 4.700 metros sobre el nivel del mar sólo se podrán efectuar labores de exploración, evaluación, explotación y remoción de desmontes, pallacos y sucus, sin afectar la roca dura…”.

Como se ve, existen normas de protección de la cúspide del Cerro, desde la cota 4.400 hacia arriba. Si se aplicara la ley, todo trabajo en esa área debería quedar suspendido.

Los operadores mineros, particularmente los socios de ciertas cooperativas mineras, tienen interés en trabajar en la cúspide porque allí están los óxidos de plata con mayor valor para su tratamiento. Su negocio está en venderlos al mayor comprador, que es la Empresa Minera Manquiri, o procesarlos ellos mismos en los más de medio centenar de ingenios mineros existentes en Potosí.

El problema es que esos trabajos han dañado al Cerro Rico a tal punto que ha comenzado a hundirse y, según admitió la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), los hundimientos anteriores se están ensanchando.

Los operadores mineros trabajan en el Cerro Rico bajo la figura del arrendamiento; es decir, son inquilinos del dueño del yacimiento, que es el Estado boliviano. ¿Qué hace usted si su inquilino está destruyendo la pieza que le ha arrendado? Lo que corresponde es desalojarlo y eso es, exactamente, lo que debería hacer la Comibol: paralizar trabajos en la cúspide (solo en la cúspide) y rescindir los contratos a partir de la cota 4.400.

El problema es que ni este Gobierno, ni el de Áñez, ni el de Evo Morales, ni los anteriores, quieren aplicar la ley; es decir, desalojar a los malos arrendatarios de la cúspide. Por tanto, resulta imposible resolver el problema de los hundimientos. En lugar de eso, continúan buscando nuevas áreas de trabajo a las cuales llevar a los “pobrecitos” empresarios mineros que se camuflan como cooperativistas. Esa búsqueda comenzó hace años y no termina. Mientras, el Cerro Rico se sigue hundiendo y los socios con contratos en la cúspide se siguen enriqueciendo.

El autor es Premio Nacional en Historia del Periodismo