La CIDH, Lima Magne y Jeanine Áñez

Columna
Publicado el 12/09/2021

Terminando agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió al gobierno de Arce un informe sobre el estado de salud y las acciones médicas que se toman para con la expresidenta Jeanine Áñez. No se actuó de oficio, sino por una petición de medidas cautelares planteada por abogados de la ex primera autoridad del Estado, a favor de la misma.

Fanfarrón, el ministro de Justicia, Lima Magne salió a decir “que entregarían el informe antes del plazo fijado por el organismo internacional” porque, a decir del mismo, habiendo respetado el debido proceso, se había cumplido todo procedimiento para resguardar la vida de la expresidenta, dando a entender que lo del informe era “un trámite”.

El problema fue que, en su “plazo anticipado”, o sea el mero trámite, Lima Magne no tomó en cuenta que antes de hablar debía consultar, al sistema represivo que abusa de la expresidenta si estaban en condiciones de hacer lo que se les pedía porque, es notorio que, si se pidió una semana más es porque no tienen explicaciones de algo que debiera ser de simple procedimiento, es decir: presentar la historia clínica, el tratamiento que se le está administrando, evaluaciones sicológicas, que debieran estar disponibles.

Pero recién el sábado 11 de septiembre (varios días después del plazo de una semana y el anticipado tiempo que se dio el Ministro) nos enteramos de que “la Fiscalía acaba de instruir “evaluar el estado cognitivo, mental, emocional y afectivo de Añez”, lo que nos lleva a cuestionar sobre qué es lo que está pasando con la expresidenta en manos y responsabilidad del Estado.

Salvo que nos muestren el documento de constancia, nadie va a creer que la CIDH decidió “de oficio” ampliar el plazo establecido, de ahí que se piense que no hay nada en orden en el caso médico/sicológico de la expresidenta.

Ese hecho nos lleva concluir que, en el caso de Jeanine Áñez, su situación médico-judicial está bajo el mando político-represivo, exactamente como lo describió el GIEI, cuando advirtió “falta de independencia de la administración de justicia en Bolivia como un problema estructural recurrente que se mantiene por años”.

¿Se les fue la mano política con Áñez? No hay duda, quisieron “dar ejemplo de lo duros que pueden ser con una presa política”, aplicando un remedo de justicia y están construyendo una víctima-símbolo de la represión fuera, precisamente, de la justicia; una víctima mal atendida en cuanto a su integridad física y mental, deficientemente medicada, con mal seguimiento en lo sicológico y peor aún en lo judicial. Tos ello va a terminar convirtiendo a la expresidenta en una especie de heroína, cosa que nunca fue, porque como ella misma aseguró, en más de una oportunidad, asumió la presidencia “porque le tocó” en el orden de prelación en la sucesión constitucional, tema que puede seguir en debate, porque no afecta nada porque está muy bien respaldado.

Se puede aceptar que, otros temas relacionados a su gobierno sean definidos en la justicia, porque, como se asegura en todos lados, se tiene certeza de la constitucionalidad de la sucesión. Lo demás, como la corrupción y la toma de algunas otras decisiones puede ser definido en estrados judiciales constitucionales, pero no hay duda de que para que ello sea justo, deben pasar muchas cosas en la administración de justicia. Hoy, como estamos en este momento, eso parece imposible de lograrse, porque, como sostuvo hace unos meses el expresidente Rodríguez Veltzé, se ven “graves errores de orden jurídico y procesal”, “abusos a las garantías de las personas” y una Fiscalía sometida a “dictados del poder Ejecutivo”, en un proceso por el que la expresidenta Jeanine Áñez y otras ex autoridades están encarceladas. (https://brujuladigital.net/politica/rodriguez-veltze-ve-errores-graves-a...).

Es claro que ese “juicio justo” dista mucho de ser una posibilidad en el país en el que vivimos, con un régimen como el que lo gobierna, con un Tribunal Constitucional apegado y dependiente del Poder Ejecutivo y con un Fiscal General, Juan Lanchipa Ponce, que, como dice la senadora Centa Rek, es fiscal exclusivamente a órdenes de Evo Morales que pretende “salvarse” del fraude logrando una condena por “golpe”, condenando a Áñez, para posibilitar su “operación retorno”, única razón por la cual soporta a Arce en el cargo en el que “él cree haberlo puesto”.

Juan del Granado amplía el acápite anterior cuando plantea, en su cuenta de Twitter, que: “Para enjuiciar a la expresidenta Áñez, además de cambiar al Fiscal General y restablecer las garantías constitucionales, hay que pedir y lograr una veeduría internacional de la ONU. Así se controlará y vigilará al TSJ que no es nada confiable”.

Lo escrito arriba no garantiza un juicio justo; el dictamen del GIEI es simplemente una confirmación de todo lo que se ha venido asegurando a lo largo de los años. En esas condiciones, queda claro que cada preso político es una derrota de la civilización; en estos casos tenemos claro que somos nomás ciudadanos del mundo que sabe lo que pasa en Bolivia, donde Morales gobernó la no-democracia a partir del voto recibido en las urnas y, cuando no pudo lograr el voto, manipuló el sistema para mantenerse en el poder (lo demostró la OEA) y, lamentablemente, Arce va por ese camino, exacerbando el odio a quienes no son parte de ellos. Así nos va y peor nos va a ir.

Hace unos días dije que el MAS había “decido odiar”; considerando que el odio no es una razón política, cabría preguntarse: ¿cuál es la razón de su odio?

 

El autor es periodista

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