La autonomía indígena: una deuda pendiente del Estado Plurinacional

Con el termómetro tocando los 40 grados, no hubo sombrero ni pañuelo que logre mitigar el impacto de los rayos del sol en las cabezas de los centenares de indígenas que bloquearon durante cinco días la carretera San Ignacio de Moxos–San Borja, en el departamento del Beni.

Esa medida de presión se inició el pasado 15 de agosto, conmemorando el inicio de la I Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad de 1990. Los pobladores del Territorio Indígena Multiétnico (TIM-1) —que se extiende entre los llanos de Moxos y la serranía de Eva Eva, adyacente al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis)— convocaron a la movilización a partir de su demanda de autonomía de base territorial y a ella se sumaron organizaciones de la Amazonia, la Chiquitania y el Chaco.

El pliego petitorio tenía ocho demandas, las más sobresalientes fueron la autonomía, la defensa y consolidación de los territorios y el ejercicio de la participación política indígena. Mojeños, tsimanes, movimas, yuracarés y algunos chiquitanos y guaraníes llegaron a sumar cerca de 1.000 personas que protestaron contra un Estado que no les garantiza el cumplimiento de sus derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado (CPE).

La autonomía indígena establecida en la CPE “consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos”, según reza el artículo 289 de nuestra norma fundamental. En palabras simples, la autonomía —en los términos en que la demandan los pueblos indígenas— les permitiría el ejercicio de sus formas de autogobierno y el control efectivo sobre sus territorios, lo que se puede y lo que no se puede hacer en ellos y con los bienes colectivos que allí existen: una demanda fundamental para tener más y mejores posibilidades de resistir al avasallamiento y las presiones extractivistas.

El reconocimiento constitucional de este derecho colectivo ha sido el resultado de una lucha que se remonta a una larga historia de resistencia indígena contra las formas de dominación y despojo de sus espacios y modos de vida.

Sin embargo, es una lucha que parece no tener fin. Es el caso de los indígenas del TIM-1, y de tantos otros, que iniciaron su proceso formal para acceder a la autonomía el año 2010 y hasta ahora no logran concretar ese sueño. La certificación ante el Estado de que son ancestrales y de que pueden autogobernarse en los territorios en los que siempre han vivido, estatutos que demoran años en ser revisados por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), leyes que tienen que ser aprobadas por la Asamblea Legislativa y consultas que deben ser supervisadas, son solo parte de los requisitos de un tortuoso proceso de trámites que los pueblos indígenas de Bolivia tienen que realizar ante los cuatro órganos del Estado.

“El calor es agresivo, húmedo, casi insoportable. Pero aquí estamos luchando, como lucharon nuestros padres y, antes de ellos, nuestros abuelos”, contaba la meme Aurora, presidenta de la Subcentral del TIM-1, desde el punto de bloqueo.

Allí, en a la altura de la comunidad Monte Grande Km. 5, entre carpas armadas a ambos lados de la ruta y una improvisada mesa de reuniones, se atrincheraron los indígenas para exigir la conclusión de su proceso autonómico. Una medida extrema para que avance el tratamiento legislativo de un proyecto de ley que elaboraron, desde el año 2018, en coordinación con el Viceministerio de Autonomías, y que es necesario para consolidar la unidad territorial donde funcionará el futuro gobierno indígena.

Por otro lado, aún esperan la venia —y las ganas— del TCP y del Tribunal Electoral para aprobar su estatuto por normas y procedimientos propios, el mismo que ya tenía control de constitucionalidad desde 2017, pero que, luego de la modificación de la Ley Marco de Autonomías, en 2019, tuvo que nuevamente ser sujeto a revisión en una maniobra leguyesca de los servidores públicos de turno.

Si la burocracia resulta difícil de comprender, imagine enfrentarse a ella por más de una década y aún no tener respuestas. Asistimos pues al reemplazo de las discusiones sustantivas por los debates procesales. Las controversias sobre los requisitos y los plazos tienden a soslayar los conflictos sobre el uso de la tierra y los recursos que están en el fondo del asunto.

Una vez instalado el bloqueo, sus protagonistas resolvieron no moverse hasta que las autoridades competentes bajaran al territorio. Así sucedió: hacia el tercer día de movilización, llegó una comisión del gobierno nacional encabezada por el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz. Tras una reunión que se extendió hasta la madrugada siguiente, llegaron a un acuerdo que condensa las principales demandas de los pueblos indígenas y expresa el compromiso de priorizar este tema en la agenda gubernamental.

Con el acta de concertación firmada al calor de las altas temperaturas y de la esperanza que se renueva, la medida de presión se levantó el viernes 20 de agosto. La voluntad política aún está por verse: urgen acciones concretas como la inmediata sanción de la Ley de Creación de Unidad Territorial del TIM-1, la pronta aprobación de su estatuto autonómico por normas y procedimientos propios, y la anhelada conformación del gobierno indígena.

Es momento de que las autoridades asuman el mandato constitucional de garantizar los derechos que asisten a los pueblos indígenas y sin cuyo ejercicio efectivo, resulta imposible superar el colonialismo arraigado y fomentado desde el propio Estado.

Es momento de que se retomen los debates y desafíos neurálgicos planteados en la Asamblea Constituyente. Es momento de recordar que “sin autonomías indígenas, no hay Estado Plurinacional”.

La autora es abogada e investigadora