Un cuestionado saneamiento que maquilla cultivos de coca en áreas protegidas

“No vamos a permitir que haya cultivos de coca en parques nacionales ni reservas forestales”, declaró el presidente Luis Arce en el municipio de Chimoré, en el Chapare, refiriéndose a los datos de Naciones Unidas que demuestran que en 2020 hubo, respecto de 2019, un incremento del 15% de cultivos de coca en el país y que este aumento afectó a seis áreas protegidas: Isiboro Sécure, Carrasco, Madidi, Apolobamba, Cotapata y Ámboro.

Para no permitir más cultivos de coca en áreas protegidas es necesario saber cuánta coca hay en estas áreas, pues, aunque los medios replican la existencia actual de 454 hectáreas (ha), en los hechos esta cifra se eleva a 2.769, si se toma en cuenta los cultivos “saneados” que persisten al interior del Parque Nacional Isiboro Sécure y Parque Nacional Carrasco; lo que representaría el 9,4% de las plantaciones de cocales en todo el país (29.400 ha) y el 26,1% de toda la coca producida en el Chapare la pasada gestión (10.606 ha), según el último monitoreo de la Oficina Contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas (Unodc).

Este dato subraya la importancia cuantitativa de estos cultivos para la producción de hoja de coca en estas áreas que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) saneó en 2014: el llamado “Polígono 7” al interior sureste del parque Isiboro Sécure y la denominada “línea roja” dentro del parque Carrasco, según informe del INRA INF-DGS JRV 269/2014 (Unodc, 2015). En el caso de ambas áreas protegidas la frontera de sus líneas rojas obedece a procesos de ocupación por colonos productores de coca a partir de los años 70 u 80 (Sernap; Rumbol, 2011).

En el Isiboro Sécure el saneamiento del INRA ejecutado en 2014 otorgó títulos de propiedad individual a los sindicatos campesinos colonos del Polígono 7 en calidad de “74 comunidades”, que se dedican casi exclusivamente al cultivo de coca. Evidentemente, el saneamiento de estos predios no frenó el avance de nuevos cultivos ni la actividad del narcotráfico, al punto que los últimos años se han desmantelado megalaboratorios de cocaína y pistas de aterrizaje para el narcotráfico en distintos puntos de este parque nacional, según reportes del Ministerio de Gobierno.

Las dotaciones de tierras que hizo el INRA en 2014 se ampararon en el parágrafo II del Art. 385 de la Constitución Política del Estado (CPE) sobre áreas protegidas que dice: “Donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas”. Empero, en el caso del Polígono 7 en el Parque Isiboro Sécure es de notar que esta área quedó fuera del saneamiento de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) —dicho sea de paso la TCO está a nombre de la Subcentral del Tipnis, que representa a comunidades indígenas moxeñas, yuracarés y chimanes; y no a comunidades campesinas—, y que los sindicatos campesinos poseen títulos de propiedad individual, por lo que en los hechos en el llamado Polígono 7 no hay una sobreposición entre área protegida y un territorio colectivo titulado Indígena Originario Campesino (IOC).

El problema con el saneamiento del INRA —que derivó en la titulación de tierras antes avasalladas en los dos parques— es que a partir de su aplicación los cultivos que hasta 2012 figuraban como ilegales dentro las áreas protegidas, pasen a contabilizarse como legales y a formar parte del área monitoreada por la Unodc como cultivos “en zonas autorizadas” en el trópico de Cochabamba, según la Ley general de la coca. Como consecuencia, la superficie cuantificada de cultivos de coca en el parque Isiboro Sécure y en el parque Carrasco muestra, desde 2014, la ilusión de un gran decremento, cuando la realidad es que los cultivos se mantienen. De hecho, estos parques han mantenido hasta 2020 una superficie permanente de cultivos de coca entre las 1.000 y 1.600 ha cada uno.

¿Qué hacer con los cultivos de coca en los parques nacionales y reservas forestales? ¿Es posible “no permitirlos” como dice el presidente Arce? ¿Correspondería volver a poner sobre la mesa la revisión de este polémico saneamiento o cambiar el tipo de actividad agrícola cocalera que se realiza en las zonas avasalladas dentro de las áreas protegidas?

Mientras se responden esas preguntas, es urgente la erradicación de los cultivos de coca dentro los parques nacionales en las zonas totalmente prohibidas, como establece el Art. 17 de la Ley General de la Coca. También hay una sentida ausencia de estudios de impacto ambiental sobre la expansión de monocultivos de cocales, uso y liberación de agroquímicos y de sustancias controladas, así como tampoco hay datos sobre afectación a la fauna, pérdida de bosques y/o reforestación en zonas que sufrieron erradicación dentro de estas áreas biodiversas.

La autora es investigadora socioambiental